Los proyectos de Presupuestos Generales del Estado presentan dos problemas en su debate, el primero relacionado con las propias cuentas y su credibilidad, y el segundo el de las cesiones políticas a los grupos parlamentarios, con reivindicaciones relacionadas con las inversiones en sus comunidades autónomas y con otras exigencias en unos casos vinculadas a sus competencias estatutarias y en otros en función de sus intereses más inmediatos.  

El debate de las enmiendas a la totalidad de las cuentas públicas para el año que viene ha transcurrido por los mismos derroteros que en ocasiones anteriores, con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendiendo la exactitud de las previsiones de gastos y de ingresos, y la oposición negando la mayor de las cuentas de la lechera que consideran que no se cumplirán en ninguno de sus aspectos, con la advertencia de que la economía está a punto de entrar en recesión técnica y que los PGE no son los adecuados para la situación de inflación disparada y crisis energética. Que Montero haya anticipado un año la entrada en vigor de los impuestos diseñados para las grandes empresas que se han beneficiado de la situación actual es un primer reconocimiento de que los PGE pueden tener los pies de barro. Pero en una situación económica tan volátil cualquiera de las certezas y advertencias pueden convertirse en realidad.  

Las cuestiones políticas que se ponen sobre la mesa para que los grupos independentistas y nacionalistas apoyen los presupuestos se ven con mayor claridad, y desde la oposición se traducen en acusar al gobierno de ser una marioneta de esos grupos, a pesar de los intentos de desvincular esos asuntos de la negociación de las cuentas públicas. Es el caso de la reforma del delito de sedición que tanto el Gobierno como ERC intentan sacar del debate presupuestario sin conseguirlo –al menos el PP ha desligado este asunto de la renovación del CGPJ- porque ya está instalado en la vida política que es el peaje a pagar a los "indepes", por su voto a los PGE, y a pesar de que el Ejecutivo insiste en que ese debate va para largo porque no cuenta con la mayoría parlamentaria necesaria, mientras que ERC insiste en que es el primer paso de la desjudialización del "procés", que exigen en la mesa bilateral.  

Los nacionalistas vascos por su parte han arrancado el compromiso de que la renovación del Cupo se renegociará antes de que acabe el año, cumplido en 2021 el periodo quinquenal de vigencia del actual que pactaron con el gobierno de Mariano Rajoy, que el Gobierno ha incrementado en un 19'4%, por los servicios que el País Vasco paga al Estado por las competencias no transferidas. Al respecto, recordar que el Concierto y el Cupo tienen protección constitucional y que cambiarlo necesitaría una modificación de la Carta Magna, y  que aún quedan por transferir 25 competencias recogidas en el Estatuto de Gernica.   

En el debate presupuestario se mezclan todo tipo de argumentos, la sedición, el acercamiento de presos a cárceles vascas, la salida de miembros del CNI y de las fuerzas de seguridad del País Vasco y Cataluña, la enseñanza en castellano… lo que para el PP es la entrega del Estado a los independentistas con el único fin de que Sánchez se mantenga en el poder, mientras que para el Gobierno la aprobación de los PGE es un síntoma de estabilidad.