El Gobierno ha reavivado en los últimos días el debate sobre el cobro por el uso de autovías sin introducir realmente ninguna novedad de especial calado, más allá del hecho de que la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, avanzara el martes 19 de octubre que espera tener lista la propuesta «dentro de unos meses», de cara a su implantación en el año que ya se hizo público en abril: 2024. Lo dijo al ser preguntada durante la rueda de prensa posterior a un Consejo de Ministros, después de que el lunes 18 la secretaria de Estado de Infraestructuras, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, durante su asistencia a un simposio en Pontevedra, instara a «no aplazar más» la medida; y después de que el secretario general de Infraestructuras, Sergio Vázquez, también la defendiera durante un foro de sostenibilidad en Vigo el mismo martes 19, horas antes de que hablara la ministra.

Sin embargo, las dudas circulan más que las certezas y se aceleran ante la sucesión de declaraciones aún genéricas por parte de tres cargos ministeriales en apenas 48 horas, sumadas a los globos sonda y filtraciones que han generado las repreguntas posteriores de la prensa, mientras cada cual entiende el debate como puede, o como quiere. No en vano, sigue sin concretarse cómo se cobrará, cuánto o, sobre todo, por qué vías exactamente, y así los rumores crecen en torno a un debate que viene y va desde hace dos décadas.

A escala local, la Autovía de Pinares o A-601 (Valladolid-Segovia) apunta a seguir libre de peajes pese al nuevo sistema de tarificación que planea el Gobierno central, dado que la titular de esta vía es la Junta y en estos días ha reafirmado su oposición a la medida; al menos de momento, según el criterio de los actuales dirigentes autonómicos. Libre de peajes, por cierto, respecto a los que entiende como tal un conductor, ya que esta infraestructura se construyó por el sistema de 'peaje en sombra': la constructora financió inicialmente la obra y ahora cobra un canon que varía según cuántos coches circulen por allí.

En cuanto a la SG-20, aunque es estatal y está catalogada como autovía, está por verse que se cobre al conductor por utilizarla ante la posibilidad de que las variantes o circunvalaciones se queden al margen del plan estatal. El diputado del PSOE, José Luis Aceves, cree que así será, pero matiza a El Día que «sólo es una opinión personal», a la espera de que el Ministerio de Transportes presente su propuesta detallada. Asimismo, el diario La Razón publicó el miércoles 20 que no habrá que pagar por circular ese tipo de vías.

Si el nuevo sistema de tarificación se implanta, en cualquier caso, nadie duda de que tocará pagar desde el principio, como poco, por todas las carreteras interurbanas del país catalogadas como autovías, incluidos obviamente los 45 kilómetros de A-1 y los 2,6 de A-6 que discurren por Segovia. Sería la provincia de Castilla y León con menos kilómetros afectados dentro de su territorio (47,6), pero también es actualmente la segunda con más peajes de autopistas, por los 37,4 kilómetros de la AP-6 (Madrid-Adanero), los 27,7 de la AP-61 (San Rafael-Segovia) y los 4,1 de la AP-51 (Villacastín-Ávila), que además seguirán vigentes como mínimo hasta 2029, después de que en 2020 se aprobara confirmar ese año para el vencimiento de las concesiones actuales.

En cuanto a la tarifa general, sigue sonando la que oscila de uno a tres céntimos por kilómetro. Y el sistema de cobro que más se valora es el portugués, con pórticos en lugar de cabinas para detectar los vehículos y cuentas bancarias asociadas a las matrículas para poder pasar los cargos a los conductores.

COSTES DE TRAYECTOS. Tomando como referencia la horquilla de uno a tres céntimos por kilómetro, y suponiendo que siga sin aplicarse recargo sobre la A-601 ni sobre las variantes o circunvalaciones de unos y otros destinos, el viaje entre las capitales de Segovia y Valladolid se mantendría tal cual, en lugar de costar entre 1,2 y 3,6 euros; o el doble (de 2,4 a 7,2) contando la vuelta. Igual que sucedería entonces con los viajes de Segovia a León, al coincidir los mismos kilómetros de autovía que para Valladolid, dado que el resto del trazado es carretera nacional; a menos que uno decida ir por la A6, en cuyo caso se recorrerían 210 kilómetros por esa vía que costarían entre 2,1 y 6,3 euros.

De Segovia a Burgos, el redondeo oscilaría de 1,4 a 4,2 euros, ya que 136 de los 203 kilómetros que separan ambas capitales discurren por la A-1. De 0,75 a 2,25 euros por viaje a Salamanca; de 0,5 a 1,5 a Palencia; de 2 a 6 a Zamora; o de 50 céntimos a un euro a Soria. En cuanto a Ávila, la tarificación de autovías interurbanas no afectaría, al comunicarse por carreteras nacionales o autopistas.

Los vecinos de Cerezo de Abajo, Cantalejo y alrededores, por su parte, pueden verse especialmente penalizados, a menos que se decida alguna bonificación para usuarios habituales, porque, a diferencia de los de la capital segoviana, actualmente no necesitan pagar peaje para circular por una vía de gran capacidad hacia Madrid, mientras que con esta medida, teniendo en cuenta que en ese trayecto recorren 98,7 kilómetros de la A-1, tendrían que pagar de uno a tres euros. Más o menos como los de Riaza (102 kilómetros), Sepúlveda (107) o Boceguillas (113).

AÑOS DE DEBATE. José Luis Ábalos, entonces ministro de Transportes, empezó a dejar caer en 2018 la idea de cobrar por el uso de autovías para financiar su conservación, pero el tema viene de mucho más lejos. De hecho, fue objeto de estudio durante la etapa de Rajoy de cara su posible implantación en 2021; y antes, en 2012, siendo ministra de Fomento Ana Pastor, se planteó un modelo de peaje blando que solo habría afectado a los vehículos ligeros, librando a camiones y autocares de viajeros. Incluso en tiempos de Aznar se habló de ello, cuando se creó la 'Euroviñeta' en Europa para gravar el tráfico de camiones con fines medioambientales.

El capítulo de ahora arrancó al incluirse esta medida en la cara b de los fondos europeos; es decir, dentro de la documentación sobre reformas anexa al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado en Consejo de Ministros el 30 de abril para su remisión a Bruselas, de ahí que trascendiera. A través de una Ley de Movilidad y Financiación del Transporte se prevé «la posible articulación de un mecanismo de pago por el uso de las carreteras estatales», recoge su texto. Apunta así a todas las carreteras, no sólo autovías, por más que el debate político actual se limite a estas últimas.

Según refleja textualmente el mismo informe, «para una mejor aceptación, se pretende que la implantación del pago por uso pueda ser escalable y progresiva (por ejemplo, tarificando inicialmente únicamente la Red de Alta Capacidad, y la extensión a otras redes de forma progresiva)». Y seguido matiza que, «además, se pueden plantear reducciones o bonificaciones a ciertos colectivos menos favorecidos económicamente, o usuarios habituales en ciertos tramos».

«El tema será tratado con los transportistas profesionales con objeto de llegar a un acuerdo con ellos», continúa. Asimismo, «los particulares también se verán afectados, por lo que hasta el año 2024 se llevará a cabo una campaña de concienciación y sensibilización sobre la necesidad de esta medida, orientada a sensibilizar tanto a los transportistas y a la población en general de la necesidad de la reforma». Fundamentalmente, para financiar los costes de conservación de las infraestructuras viarias, que no dejan de crecer y más ahora, con la progresiva liberalización de peajes de autopistas; y según el PSOE, también porque lo exige por una directiva europea que, sin embargo, el PP replica que obliga a garantizar el equilibrio de las cuentas, pero no a hacerlo de esta manera. 

«También se tratará el tema con las Comunidades Autónomas y otras administraciones, para determinar su voluntad de incorporar para las redes de carreteras de su titularidad», se añade en el texto enviado a Bruselas; y ahí es donde entra la Junta, por autovías como la A-601 y su «total oposición» a la iniciativa del Gobierno central. Así la calificó el jueves 21 el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, al advertir que «ataca al medio rural, a las clases medias y bajas y a las pequeñas y medianas empresas», y por considerar que el mantenimiento de estas infraestructuras debería costearse con«una adecuada administración» de los Presupuestos Generales del Estado.

El diputado José Luis Aceves, por contra, ve «dramático que el consejero de Fomento, que ya lo era cuando gobernaba el PP y se planteaba esta medida, haga ahora un ejercicio tan demagógico y populista en lugar de debatir con responsabilidad». «Que digan entonces cómo harían para garantizar la conservación de las carreteras, que hablen claro y digan que prefieren volver a la senda del recorte en Educación, Sanidad y dependencia», critica.

Respecto al posible 'indulto' de la SG-20 y vías similares de otros territorios, «el debate aún no ha llegado a ese nivel de detalle», recuerda Aceves. «Yo creo que las circunvalaciones no entrarían bajo ningún concepto, pero sólo es mi opinión personal porque aún no tengo ningún documento, ni ha comparecido nadie del Ministerio para poder opinar de otra forma», matiza. Tiempo habrá para ello sin tardar demasiado, en cualquier caso, cuando la intención es que el controvertido sistema de pago esté operativo en 2024.