La Junta de Castilla y León anotó un superávit en sus cuentas en marzo de 173 millones de euros, el 0,27 por ciento del PIB, cuando en el mismo mes de 2021 presentó, sin embargo, un déficit de 167 millones (0,28 por ciento). Los datos difundidos hoy por el Ministerio de Hacienda y Función Pública se sitúan en la línea de la media de las autonomías, que cuentan con una capacidad de financiación de 220 millones en el tercer mes del año (el 0,02 por ciento del PIB), cuando doce meses antes precisaban de 3.416 millones (0,28 por ciento).

El departamento que dirige María Jesús Montero explica que este resultado nacional obedece a un aumento de los gastos del 2,5 por ciento, mientras los ingresos crecen a un ritmo mayor, del 11 por ciento.

Los impuestos han crecido un 12,5 por ciento, es decir, 2.019 millones más. Destacan aquellos sobre la producción y las importaciones, que aumentan un 33,7 por ciento, con 4.623 millones, con un crecimiento del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD) de un 35,5 por ciento. También aumentan los ingresos por impuestos sobre la renta y patrimonio un 7,2 por ciento, hasta los 12.824 millones. Y los percibidos por impuestos sobre el capital ascienden a 764 millones.

Las transferencias entre administraciones públicas crecen en un 11,4 por ciento, hasta los 27.019 millones, a consecuencia, principalmente, del aumento de las transferencias procedentes del Estado, que han pasado de 21.128 millones en 2021 a 23.356 millones en 2022. De esa cantidad, 3.086 millones se han recibido en el mes de marzo en concepto de compensación por los ingresos por IVA dejados de percibir como consecuencia de la implementación en 2017 del Suministro Inmediato de Información (SII-IVA). Además, las entregas a cuenta por el sistema de financiación han aumentado un 5,6 por ciento respecto a 2021 sin incluir anticipos, es decir, 982 millones más.

Por su parte, los ingresos obtenidos del resto de recursos se sitúan en 3.673 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 1,3 por ciento respecto a marzo de 2021.

Entre los gastos, la remuneración de asalariados crece un 3,7 por ciento debido, sobre todo, al incremento salarial del dos por ciento fijado para 2022 frente al 0,9 de 2021. Los consumos intermedios crecen en un 7,9 por ciento hasta situarse en 9.266 millones, de los cuales 5.674 corresponden al ámbito de la sanidad, con un aumento del 9,9 por ciento.

Por último, las subvenciones aumentan un 33,8 por ciento, hasta los 943 millones, lo que se compensa con el descenso de los intereses, que disminuyen un 12,1 por ciento, hasta 688 millones. Por su parte, las transferencias sociales en especie se elevan en un 4,9 por ciento (7.648 millones) y la inversión también lo hace, en un 3,7 por ciento, respecto a 2021, con 3.310 millones.

Los Fondos de la Seguridad Social en marzo de 2022 registran un déficit de 1.107 millones, frente a los 2.120 millones del mismo periodo de 2021, es decir un 47,8 por ciento menos. En términos de PIB el déficit de la Seguridad Social se sitúa en el 0,08 por ciento.

Este comportamiento es consecuencia de una muy leve disminución de los ingresos del 0,1 por ciento (destaca el buen comportamiento de las cotizaciones con un crecimiento del 4,7 por ciento) frente al descenso registrado en los gastos de un 2,2 por ciento.

De este modo, el déficit conjunto de la Administración Central, los Fondos de la Seguridad Social y las comunidades autónomas, excluida la ayuda financiera, se sitúa en 4.412 millones, equivalente al 0,34 por ciento del PIB. Si se incluye el saldo de la ayuda a las instituciones financieras, por importe de 221 millones, el déficit supone el 0,35 por ciento.