Nuevo volantazo en el devenir del Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León, el cuarto en menos de dos meses. La Consejería de Empleo e Industria desiste por el momento en su empeño por liquidar el Serla y la nueva hoja de ruta marcada por el consejero Mariano Veganzones incluye la financiación de un servicio que estaba sentenciado desde mediados de enero, cuando se anunció el inicio de los trámites para su disolución. Ahora, el departamento de Empleo cede a medias y otorgará 400.000 euros para «garantizar la viabilidad» del Serla, la mitad de lo abonado en 2022, y lo enmarca dentro del plan de viabilidad presentado ayer por Veganzones a los agentes económicos y sociales. Unos fondos que llegarán a una Fundación con las cuentas estranguladas y varias nóminas adeudadas a sus trabajadores. Pero este paso atrás no les sale gratis a patronal y sindicatos. A partir de ahora, el Servicio regional solo asumirá los conflictos colectivos y deja los casos individuales en manos de las oficinas territoriales, enterrando así una de las grandes reclamaciones de CCOO y UGT desde el año 2017. Un movimiento que la Consejería enmarca en la «eliminación de las diferencias territoriales a la hora de gestionar los conflictos individuales», ya que hasta la fecha el Serla solo mediaba en conflictos individuales de Valladolid.
Menos de cuarenta y cinco minutos de reunión sirvieron para volver a evidenciar la tensión entre los agentes económicos y sociales y la Consejería de Empleo, que acusó a los primeros de «escasa receptividad» en el encuentro. El planteamiento de Veganzones también incluye medidas de personal. En primer lugar se eliminará el puesto de Director General de la Fundación, cuyas funciones serán asumidas por el titular de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales –con un ahorro de 75.000 euros–, así como la reducción del número de mediadores que participarán en la resolución de los conflictos. También se contempla la reducción en concepto de arrendamientos, trasladando la sede del Serla a las dependencias administrativas de la Oficina Territorial de Trabajo –55.000 euros de ahorro–.
Los sindicatos celebran el «paso atrás» del consejero, pero anuncian medidas judiciales.
Para el consejero de Empleo, el plan de viabilidad presentado es una demostración del «apoyo» de su departamento al Diálogo Social. «Trabajamos para garantizar los servicios que presta el Serla y hacemos propuestas para garantizar su continuidad», explicó el departamento de Veganzones en una nota tras el encuentro, en la que arremetió contra la postura de los sindicatos. «UGT y CCOO solo exigen financiación para sus propios intereses, no les interesa que el Serla continúe ni les interesan los trabajadores».
Secuestro del servicio
«Es un planteamiento ilegal que busca secuestrar el Serla». Los responsables sindicales no tardaron en arremeter contra la hoja de ruta de Veganzones, al tiempo que anunciaron medidas judiciales contra una decisión«ilegal». Algo que no impidió su satisfacción por «la marcha atrás» del consejero. «El 13 de enero decidió iniciar los trámites para la extinción del Serla, pero ahora propone mantenerlo. Se han dado cuenta que era ilegal eliminarlo». Una 'medalla' autoimpuesta que no sirve para suavizar las críticas de CCOO y UGT contra una decisión que no se ha votado, y que el propio consejero les transmitió que se llevará a cabo en esos términos. Algo que llevó a Fernando Fraile, secretario de Acción Sindical de CCOO, a denunciar la «imposición» de una nueva propuesta que no cumple con la legalidad vigente y que calificó de «ilegal» y que «no se puede aceptar».
«Es una plan para estrangular el servicio», prosiguió el sindicalista, que deslizó que el próximo caballo de batalla serán los conflictos individuales. Y es que, según detalló, la intención de Empleo de despojar al Serla de esta mediación es «ilegal», recordó la sentencia del Tribunal Supremo que dice que el Serla tiene que conocer «en exclusividad» los conflictos individuales porque así lo recoge un acuerdo interprofesional. Por su parte, el secretario de Acción Sindical de UGT, Raúl Santa Eufemia, criticó que se proponga la eliminación del director del servicio, algo que calificó como un intento de «secuestro» del organismo por parte de la Junta. Más cauto tras la reunión se mantuvo el presidente regional de la CEOE, Santiago Aparicio, que no quiso trasladar la primera impresión de la patronal tras la reunión a la espera de una reunión de la Junta Directiva de la CEOE para «ver la respuesta que se da» a la Consejería de Empleo tras la propuesta de ayer.