Julio Gabriel Sanz Orejudo (El Espinar, 1956) celebra la concesión por el Ministerio de Justicia de la Cruz Distinguida de Segunda Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort que premia «los relevantes méritos contraídos por cuantos intervienen en la Administración de Justicia, así como el cultivo y aplicación del estudio del Derecho en todas sus ramas». En esta entrevista subraya que «la situación de la abogacía es complicada,  precaria, difícil, hay que hacer un sobresfuerzo importante de trabajo para poder  mantener la actividad».  Asimismo se pregunta si la Justicia ofrece una respuesta positiva a los ciudadanos para añadir que  «no siempre es así, no puede ser que haya juzgados que resuelvan los litigios en un año y otros que lo hagan en tres meses, porque eso supone generar una inseguridad grande tanto al profesional, como al justiciable y al ciudadano».  

¿Qué impresión le causa que el Ministerio de Justicia le otorgue la Cruz Distinguida de Segunda Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort, solicitada por el Colegio de Abogados de Segovia,  que viene a reconocer la labor de «uno de los referentes» de la abogacía en la Comunidad?

Para un abogado como yo de la infantería del Derecho, aun cuando lleve muchos años en la abogacía institucional,  en el plano personal y profesional, me hace sentir muy agraciado, especialmente por venir solicitada la petición por los compañeros de la Junta de Gobierno de mi Colegio principal de ejercicio y decano y haber sido apoyada por otros del Consejo Autonómico, y por el Consejo General, a todos muestro un sentimiento de agradecimiento.

La concesión se realiza con motivo del aniversario de la Constitución Española de 1978, ahora que hay generaciones que no le dan la relevancia precisa, ¿tiene para usted algún valor especial, teniendo en cuenta que ha conocido la transición a la democracia?

Para mi constituye un gran valor por la importancia que tuvo la aportación de la abogacía al texto constitucional, ya en el Congreso de León en 1970,  había fijado las bases para que más pronto que tarde, el Estado de Derecho fuera una realidad en nuestro país, hubieron de esperarse varios años hasta su aprobación,  poner de relieve el pacto de convivencia, de derechos y libertades  que estamos disfrutando en estos años de  vigencia de la Carta Magna. 

Vinculo la Constitución con el consenso, el acuerdo, el respeto a la controversia, la integración y cohesión entre territorios, la igualdad, la tutela judicial;  estos valores intrínsecos se entroncan con los que históricamente ha defendido la abogacia  en defensa de los ciudadanos, buscando el acuerdo y la lealtad entre los compañeros, que hace más fácil el ejercicio profesional.  La abogacia ha contribuido siempre a la democracia y al Estado de Derecho y los abogados ayudamos a la paz social.

Un consenso que vemos que no se produce entre las fuerzas políticas en temas vinculados, por ejemplo, con la renovación de los miembros del Consejo del Poder Judicial (CGPJ),  ¿qué opinión le merece este desencuentro?

Es negativa,  creo que uno de los ejercicios de la democracia es el respeto a las instituciones que tienen que seguir funcionando  al servicio de la sociedad, no facilitar la renovación de las Instituciones es desleal con la democracia. No hay suficiente lealtad con respecto a la renovación del CGPJ, el PP está tensando la cuerda a límites insospechados, no me parece positivo, como tampoco me parece aceptable que continúen en funciones los jueces del órgano de gobierno, tras dos años sin renovarse el CGPJ. La solución puede ser complicada o ser más sencilla, como que pongan todos sus cargos a disposición del presidente, dimitan, y se fuerce la renovación.  

Desde la responsabilidad que tenemos quienes estamos en las instituciones, tenemos que defender la lealtad institucional que es la que hace que los ciudadanos reconozcan y respeten a estos órganos del Estado. En el caso de la Justicia es muy importante, no tiene explicación que esto siga sucediendo, desde mi responsabilidad haría una llamada a los políticos para que se sienten, renueven la institución y, si no, que sean los jueces quienes tomen cartas en el asunto y obliguen a que el Parlamento lleve a efecto esa renovación. 

Ha hablado de la posible necesidad de renovar algunos aspectos de la Constitución, ¿por dónde debería de pasar?

Posiblemente el tema de la Corona y el de las autonomías. Las constituciones también están para poder ser revisadas si  una parte importante de la sociedad lo demanda, y se siguen las reglas y procedimiento constitucionales,  hay que ser cautelosos pero eso no debe impedir el debate, la reflexión y en su caso, revisar. 

En el caso de la Monarquía se impone la transparencia, y otros referidos a la sucesión,  es una exigencia de las sociedades democráticas y modernas, si quiere persistir en el tiempo con aceptación social habría que regular de alguna manera su control y funcionamiento. En el caso de las comunidades autónomas está abierto el debate,  que se mueve entre la recentralización, que vuelvan competencias a la Administración central, o la federalización a mayores del texto constitucional. 

Estamos en uno de los países europeos donde las competencias están más desarrolladas, pero, en el caso de la Justicia, por ejemplo, poco se oye de las transferencias de Justicia  en Castilla y León... Ahora en la pandemia, vemos cómo se desarrollan las competencias y los distintas actuaciones en unos u otros territorios, a la vez, surge una demanda de que sea el Estado quien controle la situación y se blinde la sanidad como derecho fundamental en la Constitución.  Si esto ocurre en el debate de la sociedad, estamos abocados a que los grupos políticos se sienten en una mesa y hagan una reflexión seria de hasta dónde quiere llegar este país en materia competencial, si vamos a un Estado federal y se mantiene como hasta ahora, con las revisiones que sean necesarias. 

¿Cómo ha evolucionado la abogacía desde que comenzó a  ejercerla, en 1980?

La situación es complicada para los abogados y para el ejercicio profesional, en Segovia, en Castilla y León, el 90% de los despachos siguen siendo unipersonales, entre una y tres personas, prácticamente generalistas. En este tiempo hemos visto cómo la globalización  llega también al campo de la Justicia, los despachos no pueden vivir de una especialización y tienen que doblar sus esfuerzos para poder atender las necesidades de los ciudadanos,  el hecho de que se pueda ejercer en cualquier lugar del país implica una eclosión de profesionales y despachos, que afecta a la actividad de los despachos de residencial ejercicio profesional. 

Antes era todo más sosegado, el estudio era más paciente, ahora todo son prisas y ordenadores. La situación de la abogacía es complicada,  precaria, difícil, hay que hacer un sobresfuerzo importante de trabajo para poder  mantener la actividad, hay que buscar el equilibrio del uso y utilización de las tecnologías y seguir defendiendo los valores históricos de la profesión,  respeto,  consideración,  buen compañerismo,  y  las reglas de la deontología profesional que se han llevado siempre a gala y que creo que es conveniente potenciar, para evitar impersonalizar esta profesión.

Claro que ha cambiado en las formas y en el fondo,  cuando nos iniciábamos en la profesión, nuestra ilusión era aprender Derecho, a lo largo de los años, ahora resulta que también debemos conocer la informática, para poder manejarnos frente al amplio bagaje de legislaciones generales, autonómicas y nacionales, y ante los tribunales, todo eso genera una complicación importante y deja poco espacio a las relaciones personales y sociales.  

La situación económica del país, en los últimos años, dificulta mucho la labor de la abogacía,  con la pandemia ya no digamos,  el flujo judicial tiene importante relación con la actividad económica.  Es verdad que se sigue manteniendo el turno de oficio de forma importante, que está dando un impulso a la actividad profesional dadas las especiales circunstancias actuales. 

En Segovia es patente la falta de seguridad en algunas sedes judiciales, como se ha podido comprobar con la agresión que ha sufrido la jueza de Santa María la Real de Nieva,  María Sonsoles Sanchidrián, sigue habiendo juzgados repartidos por la ciudad, hasta que concluyan las obras del nuevo edificio que los agrupe,  ¿cuál es el estado de la Administración de Justicia en Segovia?  

No está bien, tampoco en general. Siguen existiendo las deficiencias de las sedes judiciales, seguimos con la dispersión,  aunque es verdad que se está avanzando en las obras del edificio, que esperemos tenerlo para 2022 o 2023. A partir de ahí, ¿la Justicia ofrece una respuesta a los ciudadanos positiva?, no siempre es así, no puede ser que haya juzgados que resuelven los litigios en un año y otros que lo hagan en tres meses, porque eso supone generar una inseguridad grande tanto al profesional, como al justiciable y al ciudadano.  

La respuesta sigue siendo larga, salvo excepciones, que las hay, existen juzgados que funcionan con gran responsabilidad del juez, desde el primer momento, y otros que dejan mucho que desear. Es un hándicap que sigamos aquí con juzgados mixtos, sigue siendo una locura que un juez tenga que entender de todo, asuntos de familia o civil o una instrucción penal, desde esa postura entiendo que la Justicia no está funcionando bien y que hay mucho trabajo por delante para que esto se pueda encauzar razonablemente y sobre todo racionalizar la oficina judicial.

¿Qué opinión le merece que los fiscales asuman la instrucción de los casos?

Es el tema estrella de la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobado por el Gobierno para su desarrollo legislativo. Es una demanda muy generalizada, nosotros que conocemos a la Fiscalía desde la distancia corta,  o mucho cambian las cosas o muchos son los medios que tienen que ponerse en sus manos para que pueda instruir de verdad y con la independencia exigible.  

Ahora que no instruye se va a remolque de la instrucción que dirige el juez, si asume la responsabilidad de dirigir la instrucción penal tendremos que velar porque se cumplan las garantías, parece que se prevé en el anteproyecto de ley la figura del juez de garantías constitucionales. Sí a que dirija la Fiscalía la instrucción pero, al mismo tiempo, que se controle, que haya un contrapeso, que no ocurra que dejemos toda la instrucción en manos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que es lo que viene ocurriendo en la actualidad, esa situación hay que corregirla.