La Junta de Castilla y León se comprometió a hacer gratuita la educación de 2 a 3 años en el curso 2022-2023, lo que implica el concurso necesario de la red pública y privada de escuelas y centro infantiles. Es sin duda una buena medida por partida doble. Primero, porque añade un servicio social y educativo más a la cartera pública. Crecer en prestaciones a la familia debe ser una vocación de toda administración pública, así que la Junta acierta. Y, en segundo término, porque supone una ayuda a una iniciativa privada muy castigada por el descenso de la natalidad y la ampliación de las bajas por maternidad y paternidad. Todos ganan y el dinero público acaba donde debe, pero para que el sistema funcione debe ser justo.
La Junta aún no ha aclarado a las administraciones y empresarios del sector cuánto pagará por cada plaza 'concertada' en la educación de niños y niñas de 2 a 3 años. De la misma forma que la Junta protesta, y con toda la razón, por una deficiente financiación autonómica que ni siquiera tiene en cuenta las particularidades de esta comunidad autónoma -mucho territorio y pocas personas, fundamentalmente-, debe ser justa a la hora de compensar la inversión y la especialización que requiere una materia tan sensible como la educación preinfantil. Lo contrario no sería buscar el concierto, sería explotarlo. Si Castilla y León quiere un modelo de éxito en el que mirarse, ahí tiene a Galicia, con quien guarda linde, buenas relaciones administrativas y sintonía política. No va a ciegas, en definitiva, así que ahora todo depende de la voluntad política.
La administración regional ha dado un plazo corto a los centros y escuelas de la provincia para que informen de la disponibilidad de aulas y plazas, de la capacidad, en definitiva, de un sistema coordinado. Parece que no habrá problemas de espacio, pero siempre cabría la posibilidad de que los colegios se sumen a la escolarización temprana. Ahora mismo no están preparados para asumir esa responsabilidad, pero si la Junta extendiera la gratuidad de la educación hasta los cero años, la cosa podría cambiar en el corto plazo, máxime cuando la baja natalidad está poniendo a no pocos centros escolares, sobre todo concertados, en serias dificultades de viabilidad.
Castilla y León carga con algunos lastres que afectan a la vida de sus ciudadanos, fundamentalmente los vinculados a la dureza de la vida en el mundo rural y a la falta de oportunidades profesionales. Sin embargo, tiene otras ventajas, y los servicios públicos educativos de calidad constituyen una muy clara. La Junta ha iniciado un buen camino, ahora solo falta que mantenga el rumbo, escuche a sus potenciales aliados y sea justa.