La Comisión de Ética Pública, el órgano consultivo sobre esta materia en la Administración de Castilla y León, archiva la denuncia presentada contra la exconsejera Verónica Casado por un curso de formación presuntamente pagado por una farmacéutica al considerar que no vulneró el Código Ético y de Austeridad de los altos cargos.
Así lo recoge el acta consultada por Ical de la reunión del 21 de junio en la que la Comisión acordó por "unanimidad" el cierre del expediente abierto a principios de febrero. Además, el exvicepresidente y procurador de Ciudadanos Francisco Igea publicó en Twitter la comunicación de la Junta a Casado sobre la finalización del expediente y reclamó al portavoz y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, que informe de ello, como lo hizo cuando se inició.
La Junta de Castilla y León abrió a principios de febrero una información reservada sobre el presunto pago de un curso sobre liderazgo por parte de una farmacéutica a la exconsejera de Sanidad en León durante dos días, 11 y 12 de noviembre del año pasado, seminario que Verónica Casado no incluyó en su agenda de Gobierno. Además, esta actuación afectaba también al presunto incremento del salario de una enfermera interina sin la titulación exigida para ser jefa de servicio.
En marzo, la Comisión acordó solicitar información adicional a Verónica Casado, así como a la Consejería de Sanidad para conocer si incumplió el Código Ético y de Austeridad de los Altos Cargos. Tras los trabajos realizados, el pasado 21 de junio se volvió a reunir este órgano bajo la Presidencia del consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, y adoptó una decisión tras 45 minutos de deliberaciones.
Del análisis de la documentación remitida desde la Consejería de Sanidad, la Comisión manifestó que se desprende que el curso 'Programa de liderazgo y transformación sanitaria' fue organizado y coordinado por el exgabinete de la exconsejera de Sanidad. Además, apuntó que los altos cargos eran inscritos desde el propio equipo al considerar que podía resultar de interés para la gestión sanitaria tanto en la Consejería de Sanidad como en la Gerencia Regional de Salud.
Los miembros de la Comisión afirmaron que no se puede considerar que se haya incumplido el Código Ético, ya que los altos cargos asistentes al curso ni eran conocedores ni intervinieron en la organización del curso. Por su parte, respecto de la exconsejera, consideraron que los argumentos esgrimidos en torno al porqué del curso se encuentran "alejados del interés en recibir un regalo o un beneficio".
"No se puede concluir que hubiera una pretensión de obtener un regalo o un beneficio en cuanto dádiva o presente, u ofrecimiento o promesa en atención a un comportamiento esperado, por lo que se entiende que no se ha incumplido el Código Ético", recoge el acta. No obstante, se recomienda que la formación hacia los directivos y también hacia los empleados públicos se realice a través de aquellos órganos que tengan atribuidas tales funciones dejando constancia del instrumento jurídico utilizado para organizar e impartir dicha formación.
Igualmente, los miembros de la Comisión aseguraron que no se puede considerar que la exconsejera de Sanidad haya incumplido el Código Ético en su punto 5.3 y 5.4, criterios sobre una actuación transparente.
En su veredicto, la comisión contó con la opinión, como vocales, del secretario general de la Consejería de la Presidencia, Santiago Martín; del catedrático de Derecho Penal de la Universidad de León, Miguel Díaz, y del profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca, Pedro Tomás Nevado-Batalla Moreno.
Miguel Díaz defendió que no consideraba que se hubiera incumplido el Código Ético y dudó sobre el posible incumplimiento de la agenda de los altos cargos, considerando oportuno que se revise su contenido para que se disipen dudas que pudieran surgir en su aplicación.
Finalmente, Pedro Nevado afirmó que tampoco considera que exista un incumplimiento del Código Ético y Santiago Fernández recordó que se ha de proceder a la actualización del mismo.