El sector primario español que aporta los productos básicos del mercado de la alimentación en la cesta de la compra lleva décadas denunciando la precariedad y el abuso de precios a los que vende sus productos, desde los cereales, las verduras, las frutas, la carne, la leche, los huevos o, por ejemplo, también el pescado.

Sin embargo, con la realidad actual de frenazo económico que se vive en el país y con una tasa de inflación que no se recordaba en España desde hace 30 años los valores se han disparado. Hasta los economistas reconocen que nunca antes habían subido tanto las tarifas de tantos alimentos a la vez en España y, paradójicamente y en su perjuicio, no se reflejan en los productores en origen que son los que realmente asumen los riesgos y los costes más importantes de sus explotaciones y, en este caso, las mayores pérdidas.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) señala que la alta inflación ha impactado en el consumo de ocho de cada 10 españoles en un contexto en el que el aumento continuado de los precios ha supuesto al ciudadano medio hacer un gasto extra en su economía doméstica para seguir manteniendo sus hábitos, lo que ha provocado el freno en el consumo de los artículos habituales en la cesta de la compra en alimentación.

Así, por ejemplo, la organización agraria Asaja lleva tiempo exigiendo a la industria que traslade al productor de remolacha la subida que ha registrado el precio del azúcar, que se ha disparado más de un 43% en lo que va de año en el mercado, mientras los agricultores se están arruinando por que a ellos no se les paga más por su producto y, sin embargo, tienen que hacer frente a un incremento de costes desorbitado de materias primas como el gasóleo, las semillas, la maquinaria, la mano de obra, los seguros,... etc., haciendo inviables sus explotaciones y, en muchos casos, llegando a un disparado grado de endeudamiento e, incluso, a la quiebra.

Las subidas de los mercados no han discriminado entre productos ni tampoco entre agricultores o ganaderos, mayoristas o distribuidores. En los últimos trimestres, todos los eslabones de la cadena se han visto obligados a ajustar sus márgenes en función de unos costes que son ajenos a ellos. 

De esta forma, una buena parte de los cultivadores no han podido evitar vender a pérdidas para sacar sus cosechas perecederas al mercado y no verse obligados a tirarlas o comercializarlas con márgenes ridículos frente a los precios que tienen en los lineales de las grandes superficies.

 Aún así, los costes del campo a la mesa se han multiplicado sin que el sector pudiera hacer nada y menos beneficiarse de ello. Productores de frutas como, por ejemplo, la sandía o el melón han visto como los intermediarios engordaban los márgenes hasta un 538% desde la huerta hasta el consumidor final, según denunció este verano el Observatorio de Precios y Mercados. 

En una situación similar encontramos las legumbres y hortalizas frescas que han registrado un incremento de un 25,7%. El responsable del sindicato COAG, Andrés Góngora, consideró que es incomprensible lo que está ocurriendo en los supermercados españoles que mantienen los valores tan altos y, por el contrario, los productores se estén arruinando a pesar de que el Gobierno tiene prohibido a las grades distribuidoras vender a pérdidas.

Otro caso similar es el de los huevos que se han encarecido un 25,5% en este año por la escasez de gallinas y otros problemas que han afectado a esta industria, o la leche que ha subido más de un 25% debido a los valores de los piensos que se han duplicado o el coste de la energía que han llevado a niveles históricos a toda la cadena.

 Ante las denuncias de abusos y sobreprecios, la distribución se defiende poniendo de relieve que sus costes energéticos se han triplicado y que sus márgenes económicos son más estrechos que nunca y están muy tensionados. 

El sector agrario, ganadero y pesquero no quiere abrir una guerra con los intermediarios, pero denuncian la falta de inspectores y personal especializado en la Administración que haga un seguimiento estricto para depurar todos los vicios e irregularidades que se producen. Denuncian que en muchas ocasiones les aplican mermas injustificadas una vez entregada la producción o retrasos en los pagos de más de 100 días cuando la ley lo prohibe, entre otras muchas maniobras ilegales.

Fiscalidad

El sector primario es el único segmento de la economía nacional que todo lo que compra, desde las semillas, fertilizantes, maquinaria, seguros,... etc., hasta la energía o, por ejemplo, el gasóleo lo hace con IVA como cualquier actividad o consumidor, sin embargo, la legislación fiscal le impide aplicar a sus ventas el impuesto del valor añadido IVA. Así, ni al cereal, ni a las hortalizas, ni a la leche ni a ningún artículo que produce, lo que le genera un incremento de costes y una falta de competitividad respecto al resto de actividades.

Desde los sindicatos agrarios denuncian esta realidad ante la incomprensión de la Administración y piden un mecanismo similar al que tiene el resto de las industrias, el comercio o cualquier gremio, desde una gestoría, un abogado o cualquier profesional autónomo.