El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Segovia cuenta con seguir avanzando, de aquí a las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023, en diversos proyectos relacionados con la implementación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en el casco histórico y la transición hacia un modelo de movilidad más sostenible. Para ello logró captar ya en febrero casi 3,5 millones de ayudas europeas, a través de una convocatoria del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, con los que financiará por ejemplo la segunda fase de los itinerarios ciclistas (proyecto Carril City), que salió a concurso el 22 de junio y se prevé adjudicar con un plazo de ejecución de cuatro meses a contar desde la firma del contrato; la reurbanización con prioridad peatonal del eje Marqués del Arco-La Merced-Daoiz, que también debería salir pronto a licitación, aunque en este caso con 15 meses de plazo; o la compra de cuatro autobuses eléctricos para las líneas del AVE, entre otras iniciativas. No obstante, seguirá sin aplicar la medida más controvertida de todas las que planea en este ámbito: la extensión a todo el recinto amurallado del área de tráfico restringido, que actualmente se limita a la Plaza Mayor y calles aledañas. Está pendiente desde que se aprobara (por unanimidad) el Plan de Movilidad de 2008, 13 años antes de que entrara en vigor la Ley de Cambio Climático, que es la que ha propiciado la denominación ZBE, pero tampoco se hará realidad en este mandato, por suerte o desgracia según a quién se le pregunte. Quedará el asunto en manos del Gobierno municipal que resulte de las próximas elecciones y estará por verse cómo y en qué grado la aplica, ya que la ley obliga a crear ZBE en municipios de más de 50.000 habitantes, pero deja margen a los ayuntamientos para marcar criterios propios; insta a reducir las emisiones, sí, pero sin precisar la superficie a acotar ni qué vehículos podrán entrar o no, por ejemplo. De ahí que la movilidad esté llamada a convertirse en una baza electoral clave; ya iba a ser importante por un tema de relevancia como los itinerarios ciclistas, y lo será aún más por esta cuestión que tanto inquieta sobre todo a comerciantes, hosteleros y vecinos del casco histórico.

Resumiendo, lo que quedará pendiente, según el planteamiento actual, es activar un sistema de control de acceso al centro, también financiado por la misma convocatoria de fondos UE, con cámaras en la plaza del Conde Cheste, el arco del Socorro y la calle Doctor Velasco (pasado el hospital Recoletas) para restringir el tráfico privado no residente desde esos puntos. Así, aparte del transporte público, otros servicios municipales y emergencias, sólo entrarían vehículos de vecinos del casco histórico, junto con excepciones como visitas de familiares directos, clientes de hoteles de la zona, carga y descarga en un horario determinado, vehículos de cero emisiones como los eléctricos, que accederían con tiempo limitado de permanencia… Caben más excepciones y el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, permite hasta tres coches para cada empresa de su zona regulada.

En cuanto al resto, siempre según la idea inicial, quien no tenga permiso especial sólo podrá pasar para ir a los parkings públicos de Colón o Las Oblatas, ya que además las plazas en superficie se reservarán a residentes, y se suprimirán alrededor de un centenar en entornos monumentales como la plaza de San Esteban o la iglesia de la Trinidad. 

'Segovia Central' no se activará antes de elecciones

En el Plan de Movilidad de 2008 se definía la esencia de esta iniciativa como una «ampliación del área de tráfico restringido», pero el Gobierno local la considera homologable con la Zona de Bajas Emisiones que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética insta a crear en los municipios de más de 50.000 habitantes. En la norma estatal se añade que debe crearse «no más tarde de 2023», y ese es el año que decidió tomar de referencia el Gobierno local para aprovechar la coyuntura y aplicar la discutida restricción. Pero si se hace entonces realmente, no será antes del segundo semestre.

SIN CONSENSO POLÍTICO. De hecho, lo cierto es que en la Corporación actual no hay consenso político al respecto ni se ha buscado en los últimos años. Por supuesto que el PSOE cuenta con su socio de gobierno, IU, que ha sido el grupo que ha reclamado esta medida con más insistencia desde el principio, hasta el punto de atribuir a los socialistas «falta de voluntad política» para aplicarla en mandatos pasados. Pero también necesitaría al menos el apoyo o la abstención de Podemos para asegurarse una mayoría, y hay diferencias que no se han limado. 

El portavoz morado, Guillermo San Juan, ya declaraba en otoño de 2020 que, más que controlar los accesos «con cámaras y multas», abogaba por disuadir la entrada de tráfico privado no residente prohibiendo aparcar en todo el casco histórico, salvo en zonas de paradas exprés con unas pocas plazas que se reservasen junto a edificios públicos como el de Hacienda. Sin embargo, desde entonces dice que no ha sido convocado a ninguna reunión para hablar de ello pese a sus «reiteradas» peticiones. También afea que solicitó que se actualizaran los estudios que avalaron el Plan de Movilidad de 2008, y aunque «se supone» que tal actualización se realizó meses atrás, no se han hecho públicos unos resultados «que facilitarían un análisis conjunto y un debate más participativo». PP y Cs, mientras, creen que la ciudad necesita más aparcamiento en el entorno, viario mejor adaptado y más diálogo antes de tomar una medida de este calibre.

SIN CONSENSO SOCIAL. No en vano, el consenso social también sigue lejano, tal y como venía a retratar días atrás la agrupación comercial Fecose. A través de un comunicado remitido el 24 de junio, pedía «consensuar previamente con empresarios y residentes cualquier medida de peatonalización del casco histórico», al tiempo que preguntaba por el «nuevo Plan de Movilidad»; por hipotéticos planes de ampliación de la oferta de aparcamientos en torno al centro de la ciudad, inexistentes a corto plazo; o por mejoras en materia de transporte público, que no están previstas o no han trascendido. 

El concejal de Obras, Miguel Merino, por su parte, ha asumido la 'portavocía' del Gobierno local en esta cuestión (en lugar de su homólogo de Tráfico, Jesús María Sanz Cobos, o el portavoz del PSOE, Jesús García Zamora), y promete más diálogo y participación en la toma de decisiones. No obstante, defiende que Segovia «ya tiene cinco aparcamientos públicos muy céntricos (Las Oblatas, Colón, Padre Claret, José Zorrilla y estación de autobuses) que no se llenan por completo ni en días de gran afluencia turística». Y en referencia al viejo proyecto de construir otro en el paseo del Salón, o más concretamente en el talud de Los Tilos, admite que años atrás hubo pacto con el PP para llevarlo a cabo, pero lo que pesa ahora es «un acuerdo de gobernabilidad con IU» que lo rechaza. Sí valora que se contempla instalar paneles informativos de ocupación de plazas y demás, en el marco de un nuevo sistema de gestión de aparcamientos que también ha obtenido financiación europea; y en cualquier caso, pide «calma» porque «se tomarán medidas poco a poco, con antelación y diálogo», insiste, aunque sin precisar plazos. 

TRÁMITES PENDIENTES. Por de pronto, la puesta en marcha de esta medida conlleva trámites previos que exigen mayorías plenarias, como la modificación de la Ordenanza de Circulación, que debe recoger la futura reordenación. Hay un borrador desde hace años, pero el equipo de Gobierno no se lo ha presentado a los demás grupos municipales. 

Pasa parecido con el contrato de la ORA. El Ayuntamiento se lo adjudicó a Setex Aparki en 1994, no ha hecho más que encadenar prórrogas desde 2004 y tendría que volver a sacarlo a concurso teniendo en cuenta las nuevas condiciones: la gestión de plazas del casco histórico exclusivas para residentes, la supresión de las que están en entornos monumentales protegidos, y una importante ampliación de las plazas de pago, en torno a un millar, por José Zorrilla, Constitución, Conde Sepúlveda y vías aledañas.

También hay mejoras viarias que el propio equipo de Gobierno considera necesarias en el centro. La puerta de Santiago, por ejemplo, se concibe como un punto de salida fundamental de la ZBE, de modo que pretende reforzar el pavimento que discurre por ahí, el del paseo San Juan de la Cruz. Y el PSOE, en su programa electoral de este mandato, incluía la reurbanización de la calle San Agustín, si bien la ha pospuesto para no interferir en las obras de rehabilitación del Teatro Cervantes, por el deterioro que puede causar el trasiego de camiones, sobre todo, en las primeras fases de un proyecto que empezó a ejecutarse hace apenas un mes con un plazo inicial de tres años y medio.

Entretanto, Merino, preguntado por plazos para ampliar el área de tráfico restringido, subraya que «la prioridad absoluta está en la ejecución y aplicación de los fondos europeos», para no poner en riesgo tales subvenciones. «Lo demás es secundario, incluso los presupuestos ordinarios, y como equipo de Gobierno, nuestra obligación es tratar de ejecutar las líneas de trabajo marcadas hasta donde el tiempo nos dé, sin ver las elecciones como una barrera», argumenta. «Segovia lleva muchos años de retraso respecto a otras ciudades en cuanto a la transición hacia un modelo de movilidad más sostenible, y la ciudad seguirá esté quien esté después de las elecciones, que por otro lado estoy convencido de que será Clara Martín como alcaldesa de un Gobierno socialista, por lo que debemos seguir avanzando», insiste. Pero declina aventurar por dónde irán cuando llegue el 28 de mayo de 2023; una fecha demasiado cercana, en cualquier caso, para materializar antes la batería de asuntos pendientes y restringir más el tráfico del centro.