Cuenta atrás en la Travesía de San Rafael

Nacho Sáez
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El plazo para desviar el tráfico pesado de la N-VI por la AP-6 finaliza en abril, pero el Gobierno refleja una partida de sólo 4,2 millones de euros para actuaciones de este tipo en todo el país.

Cuenta atrás en la Travesía de San Rafael - Foto: Rosa Blanco

Aún tienen que superar el trámite parlamentario y no va a ser fácil, ya que el Gobierno de Pedro Sánchez necesita el apoyo de los independentistas catalanes y ni siquiera Podemos ha dejado claro si va a votar a favor del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019, que el Ministerio de Hacienda registró el pasado lunes en el Congreso de los Diputados. No obstante, ese borrador contempla una inversión de 52 millones de euros en Segovia, lo que supone un incremento de un 22 por ciento respecto al año pasado, según ha destacado la subdelegada del Gobierno, Lirio Martín, que también ha puesto el acento en que las partidas destinadas a la provincia se traducen en una inversión de 339,1 euros por cada segoviano.

No hay proyectos nuevos y la cantidad más alta se la lleva el desdoblamiento de la SG-20, «que confiamos en que esté acabado a lo largo de este año», según apuntó la propia subdelegada. Los 14,1 millones de euros que permitirán la continuación de los trabajos en la circunvalación contrastan con el resto de actuaciones en Segovia que aparecen en los PGE. La siguiente con más dotación económica es el nuevo Palacio de Justicia, con 1,5 millones, aunque es una incógnita cuándo podrá ser gastados. Las obras permanecen paralizadas debido al concurso de acreedores en el que está inmersa la empresa adjudicataria de los trabajos, pero la subdelegada explica que el Ministerio de Justicia estudia cómo desbloquear la situación «y confiamos en que se alcance una solución lo antes posible».

Tampoco descarta que se pueda licitar este año la rehabilitación del Teatro Cervantes, que en el borrador de PGE del Ejecutivo de Pedro Sánchez recibe 530.000 euros «para la elaboración», ha remarcado Martín, «del proyecto». Otro medio millón de euros se llevan también cada uno la Real Fábrica de Cristales de La Granja y el Monasterio del Parral. La mejora de este último concluirá el próximo año con una nueva inversión de 327.000 euros que se sumarán a los 2,4 millones que se han destinado desde 2017 a esta actuación.

Las principales inversiones previstas en la provincia se completan con los 100.000 euros que irán destinados a iniciar la tramitación para construir un vial de conexión entre la SG-20 y los polígonos industriales de El Cerro y de Hontoria; los 313.000 euros para la «rehabilitación superficial del firme de la carretera N-110 entre los puntos kilométricos 226.72 y 231.00  y reparación de losa en paso superior sobre la autopista AP-6. Tramo:Villacastín-L. P. Segovia-Avila»; y los 100.000 euros que figuran para la Variante de San Rafael.

Este último proyecto vuelve a ser objeto de controversia debido a que continúa sin resolverse el problema de seguridad vial que sufre este tramo de la N-VI. La subdelegada del Gobierno subraya que los PGE constituyen «un marco económico estable pero no invariable» y que las partidas destinadas a la Travesía de San Rafael podrían aumentar. Sin embargo, la construcción de una variante que permita desviar el tráfico de miles de vehículos que soporta está lejos de ser una realidad. La declaración de impacto ambiental del proyecto caducará este año sin que se haya movido un trozo de tierra y sin que tampoco se hayan prometido nuevas inversiones para los próximos años en las programaciones plurianuales que  especifican los PGE.

A la espera de la variante, la otra solución para paliar la inseguridad en esta vía –que ha ocasionado varias víctimas mortales en los últimos años– pasa por el desvío del tráfico pesado por la AP-6. La alcaldesa de El Espinar resalta que el Ministerio de Fomento ya ha creado el marco normativo para llevarlo a cabo, pero falta que se concrete. En abril concluye el plazo de seis meses fijado para hacerlo y Palomo confía en un desenlace feliz. Sin embargo, el proyecto de PGE contempla una partida de 4,2 millones de euros para el desvío del tráfico pesado en aquellas vías que sea necesario en todo el Estado, y el consejero de Fomento de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones, cifró hace un año en un mínimo de 12 millones el coste de obligar a los camiones a ir por la AP-6. «En los estudios que se barajan ahora no se habla de esas cifras», dice la alcaldesa.