Las maniobras del Gobierno para eludir toda fiscalización sobre el uso de los 140.000 millones de euros que España recibirá de la UE para reconstruir su economía tras la pandemia sanitaria constituyen la enésima prueba de su deriva hacia el autoritarismo. No es la primera ni la segunda vez que el Ejecutivo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias esquiva al Consejo de Estado, que preside alguien tan sospechoso de ser reactivo a las políticas socialistas como María Teresa Fernández de la Vega, exvicepresidenta con José Luis Rodríguez Zapatero, para no toparse con una llamada de atención a las prácticas del bipartito, acostumbrado al decreto ley como forma de gobierno y henchido de soberbia salvo cuando necesita a sus socios de investidura, que es cuando capitula con una pasmosa fragilidad ante quienes son, en puridad, enemigos del actual orden constitucional.
Para la España interior, la que no tiene la capacidad parlamentaria de torcer la voluntad del Gobierno como sí lo hacen los nacionalistas, la que hace de sus diputados granero para causas que no son las de sus circunscripciones, resulta aterrador pensar que el mayor ‘rescate’ de la historia de España se va a destazar y repartir a capricho desde Moncloa y sus aledaños. Tampoco habrá, claro está, intervención del reparto de los fondos.
Es una muestra más, otro hito en el camino del populismo hacia posiciones que no sirven más que para polarizar cada día más a la sociedad española y, en consecuencia, el voto. Para reconstruir, en definitiva, una España de bloques. Es un camino aciago.
Asistimos a un caso homologable con la renovación del Poder Judicial, al que el Gobierno quiere dejar sin funciones hasta que se articule una renovación cortada a su medida. Aspiración, por otro lado, en la que también persiste el Partido Popular, que legitima su posición en el veto a Unidas Podemos pero acaba incurriendo en la misma temeridad: conculcar la división de poderes. Más de lo mismo sucede con la gestión del estado de alarma bajo el que se encuentra el país. Sánchez ha pasado de comparecer en bucle en televisión a no dar la mínima explicación sobre la marcha del país. Patrimonializó la falsa victoria sobre el virus y después sindicó la responsabilidad sobre la segunda y tercera ola.
Por último, al Gobierno le molesta la prensa libre, la que no escribe a su dictado ni asiente por sistema. Sostiene el vicepresidente Iglesias que los medios privados están al servicio de las empresas y que hay que controlarlos. Eso es, precisamente, lo que ha hecho este Ejecutivo con el ente RTVE, controlarlo. Y, ya puesto, lo ha llevado a episodios de vergüenza ajena y al limo de las audiencias y del crédito informativo.