En el campo diplomático, las decisiones de ruptura o suspensión de relaciones entre dos países tiene efecto inmediato, pero su recomposición puede tardar meses o años y resulta muy difícil que la sensación de confianza vuelva a ser la misma que la de antes de la crisis. El Gobierno de España, que trato de resolver las crisis con Marruecos con un volantazo poniéndose a favor de los intereses del reino alauita sobre el Sahara, se ha enemistado con Argelia, que ha suspendido el tratado de amistad entre ambos países y ha congelado las relaciones comerciales, de las que por el momento han quedado fuera las importaciones de gas.

En este momento, la situación de España respecto a los dos países más importantes del Magreb, que se disputan la hegemonía en la región, es la siguiente: El Gobierno ha dado por buena la intención de Marruecos de que el Sahara sea una provincia con una amplia autonomía, que debe olvidarse del referéndum de autodeterminación que desde la descolonización española han reclamado los saharauis; Marruecos todavía no ha desarrollado ninguno de los puntos que aparecían en el comunicado conjunto publicado tras la visita de Pedro Sánchez a Mohamed VI, que interesan a España, como la apertura de las aduanas en Ceuta y Melilla; tampoco la delimitación de las aguas territoriales en las proximidades de Canarias; la salida de pateras desde Marruecos no se ha controlado totalmente; el cambio de posición sobre el Sahara no cuenta con el respaldo parlamentario, ni es mayoritario entre la población española; Pedro Sánchez ha transmitido una imagen de debilidad diplomática y política ante Marruecos en una crisis que comenzó con la decisión soberana de proporcionar ayuda humanitaria al líder del Frente Polisario, que tampoco supo tratarse de forma adecuada; a eso se añade la sospecha cada vez más plausible de que Marruecos pudo infectar los teléfonos de Pedro Sánchez y otros miembros del Gobierno, con la nueva derivada puesta en circulación por Aitor Esteban y secundada por dirigentes del PP, de que Sánchez podría estar siendo objeto de extorsión por los datos robados de su teléfono móvil, a pesar de que el jefe del Ejecutivo lo ha negado con vehemencia.

Como consecuencia del giro en la política exterior sobre el Sahara, Argelia, valedor de la República Árabe Saharaui Democrática, retiró a su embajador en Madrid y aprieta las tuercas sobre el comercio entre los dos países, puede presionar con el precio del gas que exporta a España y, al suspender el tratado de amistad conjunto, una parte de los problemas que se han tratado de resolver con Marruecos, como es el control de la inmigración irregular, se trasladará a las costas argelinas, con lo que el Gobierno ha abierto un nuevo frente sin haber cerrado definitivamente el otro.

Aún no se conoce el alcance de la respuesta española - "adecuada, serena y constructiva, pero firme, en defensa de los intereses españoles"- si la intermediación de la Unión Europea ablandará a Argelia, si los problemas comerciales acabarán en los tribunales, y si el hueco que se cierra para las empresas españolas será ocupado por las de otros países. Pero sea cual sea, en la crisis del Magreb, la diplomacia española no ha estado a la altura de las circunstancias en su juego a dos bandas. Al menos hasta que se conozcan los motivos del giro sobre el Sahara.