Hoy se cumplen seis meses de la toma del poder en Afganistán por parte de los talibanes, medio año en el que las expectativas sobre una posible moderación respecto a su anterior régimen han ido desinflándose en medio de las restricciones de los derechos fundamentales, especialmente de mujeres y niñas, y las informaciones sobre abusos y violaciones de los Derechos Humanos.
Los talibanes irrumpieron en Kabul el 15 de agosto de 2021, horas después de que el presidente Ashraf Ghani huyera ante un avance de los insurgentes, cimentado en meses de combates y facilitado por el proceso de repliegue de las tropas internacionales a raíz del acuerdo de paz firmado en Doha en febrero de 2020 con EEUU.
Si bien algunos expertos afirmaron que el nuevo régimen podría ser diferente al anterior, las autoridades han limitado drásticamente los derechos de las mujeres, incluida una prohibición de su desplazamiento sin un familiar masculino a destinos que estén a más de 72 kilómetros, mientras que las protestas para reclamar que se respeten sus derechos son duramente reprimidas.
Asimismo, los talibanes han actuado con dureza contra los medios de comunicación, limitando drásticamente el flujo de información, mientras que Naciones Unidas denunció el pasado enero la ejecución de un centenar de antiguos funcionarios, a pesar de la amnistía decretada por el líder del grupo, el mulá Hebatulá Ajundzada.
En este sentido, Beth Gelb, miembro del equipo de países de Amnistía Internacional España, señala que la situación es «desoladora». «Es un país que ha sufrido guerras ininterrumpidamente desde hace 40 años y ahora mismo se están literalmente muriendo de hambre», lamenta.
Los datos del Programa Mundial de Alimentos reflejan que 22,8 millones de personas hacen frente a inseguridad alimentaria aguda, con 8,7 millones en niveles de emergencia, sobre una población total de unos 41,7 millones de personas.
Gelb resta credibilidad a las afirmaciones de los talibanes sobre el respeto a los Derechos Humanos e incide en que hasta la fecha «se ha documentado todo lo contrario».
De esta forma, reclama la apertura de fronteras y la creación de corredores humanitarios para permitir la salida del país de aquellas personas que lo deseen, así como la no devolución de afganos e investigar los hechos sobre el terreno. «Lo que puede poner fin a las violaciones de derechos en Afganistán es que se sepa lo que está pasando allí», zanja el miembro de Amnistía.
Además, el ahondamiento de la crisis llevó a la ONU a lanzar el mes pasado un llamamiento para recaudar más de 4.400 millones de euros y así entregar ayuda a 22 millones de personas en el país y otros 5,7 millones de refugiados afganos en cinco países de la región.