UN MINUTO MIO

Jesús Quijano

Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Valladolid


Veto parental

La verdad es que no he conseguido entender bien cuál es el sentido exacto de esa polémica que se ha desatado en relación con el llamado «pin parental»; denominación que no me resulta nada reveladora de lo que parece ser el asunto, si es que se trata de establecer límites al sistema educativo, de manera que determinados contenidos o conocimientos puedan ser objetados por los padres cuando no deseen que les sean transmitidos a sus hijos. El debate se ha centrado mucho, quizá demasiado, en la información sexual, y tal vez eso no ha ayudado mucho a un planteamiento más racional del tema. Hasta se ha derivado hacia una curiosa discusión sobre si los hijos son de los padres o del Estado, supongo que sólo a estos efectos educativos.
Seamos serios. Por suerte, nuestra Constitución establece unas bases muy sólidas a propósito del derecho a la educación en su artículo 27. Es un precepto muy detallado, fruto de uno de los consensos más delicados del proceso constituyente, desarrollado luego por abundante legislación y jurisprudencia, en el que están enunciados los principios fundamentales de la materia con equilibrio exquisito. Ahí está la libertad de enseñanza y de creación de centros, el pleno desarrollo de la personalidad humana como objetivo de la educación, el carácter obligatorio y gratuito de la enseñanza básica y la garantía del derecho de los padres a que sus hijos reciban formación religiosa y moral acorde con sus convicciones. No se puede decir más, ni mejor.
De manera que el sistema educativo es en último término una transacción entre los padres y el Estado: los padres tienen el derecho y la obligación de que sus hijos reciban educación, y el Estado lo garantiza, sea con centros públicos, con apoyo a los concertados, o con respeto a los privados. Así que los padres tienen derecho a elegir centro, pero no a excluir a sus hijos de los contenidos educativos que estén reconocidos como regulados o que estén aceptados como complementarios por los órganos de gestión y control de los centros donde tiene derecho a participar. Así que la educación funciona sobre la base de dos elementos fundamentales: la ordenación legal del sistema educativo, a partir de las bases constitucionales; la confianza en la responsabilidad profesional y vocacional de los educadores. Y si hay excesos que merezcan ser corregidos, para eso están quienes pueden hacerlo: la administración educativa, los tribunales y los consejos escolares.