Una ley para la gestión de la nueva Política Agraria Común hasta 2027 y un total de dieciocho reales decretos para su aplicación en sus diferentes parcelas, desde las puramente económicas a las de carácter técnico, medioambiental o sectorial; un fuerte impulso a las políticas verdes con muchas más exigencias en ámbitos que van desde el laboreo o el manejo de animales al uso de productos como zoosanitarios, fitosanitarios o fertilizantes; más apoyo a los jóvenes y mujeres; y, en conjunto, el impulso a una política de redistribución de los fondos, constituyen los ejes más importantes del Plan Estratégico negociado durante los dos últimos años por el Ministerio de Agricultura con todos los interlocutores sociales y económicos, y muy especialmente con las comunidades autónomas. Un Plan remitido por España a Bruselas hace un año y aprobado por la Comisión el pasado mes de agosto que estará en vigor desde este año y contra el que ha cargado ahora el Ministerio de Transición Ecológica en su informe de evaluación medioambiental.

Para España, la ejecución de este Plan supone la disponibilidad de unos fondos anuales estimados inicialmente en unos 4.800 millones para los pagos directos -más del 20% de la renta agraria, a la que aportan estabilidad- y otros 1.700 millones por vía del desarrollo rural para actuaciones de futuro como la digitalización, la innovación o los programas Leader locales, además de otros fondos destinados a acciones en los mercados. De todas las líneas previstas, una de la más destacable es el destino de más del 40% de los gastos a procesos relacionados con el clima y el medio ambiente, tanto actuaciones obligatorias a través de la condicionalidad, como con otras voluntarias como son los eco-regímenes.

Con el Plan Estratégico, la ejecución de la política agraria para los agricultores y ganaderos también se ha hecho más compleja. Contempla unos mayores controles desde arriba y a nivel de campo; mayores exigencias sobre el uso de algunos de los medios de producción como fitosanitarios, zoosanitarios o fertilizantes; y disponer de mayor información sobre la explotación con el cuaderno digital. Unas exigencias que una gran parte de los afectados tienen dificultad para cumplir si en paralelo no se avanza en política de asesoramiento e información a través de organizaciones agrarias o cooperativas, como en su día ofrecía el Servicio de Extensión Agraria, para evitar incumplimientos involuntarios.

En conjunto, los siguientes serían algunos de los aspectos más destacables del Plan Estratégico cuya aplicación se inicia este año:

Activos y derechos de cobro

Uno de los puntos básicos de la nueva regulación, además de la política verde, es la normativa sobre quiénes son los destinatarios prioritarios de las ayudas de la PAC.

Para tener derecho, de entrada hay que tener la calificación de «agricultor», que no tiene por qué ser solo una persona física. Ello requiere ser titular de una explotación, desarrollar la actividad -que puede ser directa o bajo encargo- y asumir el riesgo de la explotación, dejando fuera a una lista de grandes superficies de terreno ligados a aeropuertos, campos deportivos o inmobiliarias. A la definición de agricultor se añade la de «activo», que supone estar dado de alta en el Régimen Agrario de la Seguridad Social o que sus ingresos procedentes de la actividad agraria supongan al menos el 25% de sus ingresos totales.

Un agricultor se considera activo de entrada si sus cobros no superan los 5.000 euros, lo que ya afecta a más de 400.000 de los 650.000 perceptores de pagos y diluye la figura del profesional.

Convergencia de ayudas

A efectos de los pagos, los derechos son diferentes para los distintos tipos de cultivo y cada una de las zonas en las que se halla dividido el territorio, ya se trate de secanos, regadíos, pastos o cultivos permanentes leñosos. En la nueva regulación pasa de 50 a 20 el número de regiones donde se pondrá en marcha un sistema para la convergencia de estos derechos de pago. Ello supone que para 2026 los más bajos sean como mínimo el 85% de la media y que en 2029 lleguen al 100%.

La modificación del sistema para asignar pagos por producción en lugar de por derechos históricos individuales ha levantado protestas en algunos sectores y territorios.

Techo de ayudas

A partir de un pago directo de 60.000 euros, se aplicará un sistema de recortes progresivos: el 25% para cobros de entre 60.000 y 75.000 euros, el 50% para cobros entre 75.000 y 90.000 euros, el 85% para cifras entre los 90.000 y los 100.000 euros y el 100% a partir de esta cifra. Sin embargo son posibles cobros superiores deduciendo de los mimos gastos en mano de obra en la explotación, pero con un techo de 200.000 euros.

Pago redistributivo

Ligado a la actuación anterior, se contempla el pago redistributivo o un pago complementario para las pequeñas y medianas explotaciones en función del tamaño de las mismas y la zona donde se hallen ubicadas por un importe global estimado en casi 500 millones.

Apoyo a jóvenes y a mujeres

Desde la perspectiva del apoyo al relevo generacional se contemplan ayudas por un volumen de 220 millones al año para los jóvenes que se incorporen a la explotación, además de otras medidas existentes y que se incrementan en un 15% si se trata de una mujer.

Condicionalidad reforzada

Son un conjunto de exigencias en materia de clima y de medio ambiente que suponen un paso adelante en relación con la anterior política verde y que deben cumplir los agricultores y ganaderos para acceder a los pagos directos. Estas exigencias se concretan en una decena de las denominadas Buenas Prácticas Agrarias y Medioambientales, las BECAM. Estas buenas prácticas se refieren al mantenimiento de los pastos; la protección de humedales; la no quema de rastrojos -salvo autorización-; el mantenimiento de franjas de protección junto a los ríos -entre otras cosas, para evitar los vertidos de residuos de fertilizantes-; la reducción de labranzas parar frenar la erosión y la pérdida de suelo fértil que cada año es de unas 25 toneladas por hectárea según la Asociación de Suelos Vivos; la rotación y diversificación de cultivos para mejorar suelos; el abandono de tierras de cultivo de un 4%, bien en barbecho o por franjas para la protección de los cauces de los ríos; no arar pastos en zonas medioambientales para protección de la aves; o empleo de una política de fertilización sostenible. La rotación y diversificación de cultivos en 2023 estaría exenta por las medidas adoptadas por la UE para frenar los efectos derivados de la invasión de Ucrania por Rusia.

Intervenciones sectoriales

Con un presupuesto de unos 600 millones se apoyan a diferentes producciones, entre las que ya destacaban frutas y hortalizas, apicultura o vino, y a las que se añade el olivar.

Ayudas asociadas

Se trata de ayudas a diferentes sectores con riesgos de vulnerabilidad por un importe de unos 700 millones. Destacan las destinadas a cabañas ganaderas de vacuno y ovino, junto a otras producciones como algodón o remolacha.

Eco-regímenes

Una de las novedades más importantes en el marco de la política verde que supone el 23% del total de los pagos directos con 1.100 millones de euros son los eco-regímenes, políticas climáticas y medioambientales que pueden llevar a cabo agricultores y ganaderos de forma voluntaria. La normativa contempla hasta nueve actuaciones con la posibilidad de acceder a una ayuda complementaria por hectárea de entre 40 y 165 euros. De esas posibilidades, dos se corresponden con el pastoreo, tres con rotaciones de cultivos y cuatro con mantenimiento de cubiertas vegetales.