Gallinas alegales

A.M.
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Una granjera entra en conflicto con la Administración autonómica para que legisle la venta directa de producción primaria en la explotación para no permanecer «indefensa»

Montse Velasco dando de comer a sus gallinas - Foto: Rosa Blanco

Tras su separación, cumplidos ya los cincuenta, Montse Velasco decidió emprender una actividad económica, con ayuda de su familia, creando en Torrecaballeros su propia granja y un espacio para vender los productos que se producen en ella, desde huevos a frutas y hortalizas.  

Para ello obtuvo  el Código REGA, el registro general de explotaciones ganaderas,  y el REGEPA, el registro general de producción agrícola, además de lis licencias para las naves que ha construido,  pero tiene un problema y es que, según ha denunciado ante la Junta de Castilla y León,  le falta la autorización sanitaria para poner en circulación los huevos de sus gallinas, lo que define como vendedor directo de producción primaria, porque, a su juicio, no existe para cantidades intermedias. 

Es decir, según explica Velasco, lo que está regulado son las pequeñas producciones, para unas 150 gallinas, principalmente para autoconsumo aunque se permite la venta, o las grandes, que superan las 6.000 aves, mientras otras cifras se quedan en el limbo. 

Según la granjera, ella ha comunicado que tiene 300 gallinas, que producen 270 huevos y que quiere venderlos, entonces, argumenta,  «ellos me dicen, no tú no eres producción primaria ni hay un registro para inscribirte,  me ponen como embaladora de huevos,  cosa que no soy,  yo produzco, y los quiero vender en la instalación, esa regulación debería existir aquí en Castillay León, porque ahora no entro en el registro sanitario y cualquier cosa que pueda pasar es bajo mi exclusiva responsabilidad, aunque mis gallinas están perfectamente vacunadas, siguen todas las normas sanitarias y no tienen ningún problema».

Con la idea de criar en un futuro gallos de corral, terneros, cochinillos, corderos y cabritos sí que se le permite la venta al público de frutas y hortalizas pero, si quiere hacer  preparados confitados con los que le sobran de la huerta, con una producción mensual de unos 30 botes, por ejemplo, ya le piden que se convierta en un  centro de elaboración de comidas.

Tras una denuncia, Montse Velasco ha enviado al inspector general de servicios del Gobierno autonómico  la situación en la que se encuentra, legislada en otras comunidades autónomas, como Cantabria,  pidiendo la consideración de «vendedor directo de producción primaria» o una solución intermedia que no deje «indefensa» su actividad desde el punto de vista de fiabilidad sanitaria. Asimismo ha anunciado la posibilidad de reclamar daños y perjuicios por no poder vender legalmente esta producción.  

La granjera lamenta que, en Castilla y León, pequeños agricultores tengan que vender su producción poco menos que como «contrabandistas» y exige «una ley ajustada de verdad a las características y al tamaño de las explotaciones concretas, la Unión Europea ya expresa la obligación de los Estados miembros de definir exactamente qué cantidades se consideran producción primaria». 

Negocios como el suyo, argumenta esta emprendedora, «pueden evitar la despoblación, todo el mundo que ha visitado la granja la considera como una actividad estupenda para el aprovechamiento del campo,  frente al ganadero extensivo,  y es una salida laboral también que podría funcionar y contribuir a dinamizar el medio rural, entonces obviamente es una forma de vida en el campo que funciona».

Además,  Velasco considera que  se abre la posibilidad de generar empleos porque, como en su caso,  ella tiene una persona contratada a media jornada que es quien maneja la maquinaria. Pero aún se topa con trabas burocráticas...