Este próximo miércoles se celebra el juicio por el “Caso Trípode”, tal y como denomina el Partido Popular a su denuncia de presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato de dirección de la muestra de cine de Segovia, antes denominada Muces y ahora, Se_Cine, a la Asociación Trípode Cultural. "Será un juez el que dictamine si el Ayuntamiento ha cometido alguna ilegalidad", señalan desde el PP.
El Juzgado Contencioso Administrativo admitió en diciembre la demanda interpuesta por el PP en el Ayuntamiento ante lo que consideraban una actuación del Gobierno municipal socialista "irregular y opaca". “Nuestra responsabilidad y nuestro deber como principal grupo de la oposición es velar por los intereses de los segovianos y controlar y revisar aquellos actos que puedan constituir una ilegalidad o incluso una mera irregularidad administrativa, como entendemos que así ha sucedido con la adjudicación del Festival de Cine”, señala el viceportavoz popular, Marco Sandulli.
Los populares aseguran que no lo tuvieron fácil para acceder al expediente administrativo completo y una vez revisada la información que les facilitaron, apreciaron "ausencias importantes y defectos formales" que les llevaron a tomar la decisión de llevar este proceso ante la justicia. "Aunque, curiosamente, una vez presentada la demanda y de manera sorprendente", según destaca Sandulli, "el Ayuntamiento incluyó en el expediente administrativo documentación que habían solicitado los concejales populares y que nunca se les facilitó e introdujeron escritos -que no están firmados por nadie- con explicaciones y justificaciones que jamás, incide el viceportavoz popular, se dieron antes de interponer la demanda". "En su momento dijimos que esperábamos que no apareciera más documentación de la que nos habían facilitado, pero así ha sido".
"Precisamente, la falta de varios informes exigidos tanto en la Ley de Contratos del Sector Público como en la propia normativa presupuestaria del Ayuntamiento fue una de las razones que despertaron las dudas", añaden los populares. Además, les resultó "significativo que fijasen el precio del contrato en 14.999€, 1 euro por debajo del límite previsto para los contratos menores, eludiendo así todo tipo de licitación pública, cuando podía haber sido el momento para ello ya que se iniciaba una nueva etapa en el festival".
A la formación popular le sorprendió que la dirección se adjudicase a "una asociación que no existía hasta ese momento y que, como tal, no había dirigido ningún festival, por lo que no había garantía de su solvencia técnica y profesional para ello". Y les resultó "más que dudoso que pagaran por un lado a la Asociación Trípode Cultural por la dirección y organización y por otro, a sus miembros, de manera individual, por trabajos que", en opinión de los populares, "ya estaban incluidos en la propia dirección, lo que significa que el precio del contrato había sido claramente fraccionado", deducen.
El principal grupo de la oposición optó por la vía judicial "porque es el juzgado de lo contencioso el único órgano independiente competente para valorar si las irregularidades apreciadas constituyen una manifiesta irregularidad o una irregularidad invalidante", según indica el viceportavoz popular, Marco Sandulli. "Queremos que quien gobierna nuestra ciudad actúe con rigor y lleve a cabo procesos impolutos de contratación".