La Caja ocultó información según una antigua consejera

D.M.Arranz
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Sanz Merino al declarar en la Audiencia - Foto: D. M.

La exconsejera de Caja Segovia, Dolores Romero, denuncia que les pidieron "un acto de fe" sobre lo que cobraban de prejubilaciones. En la tercera sesión del juicio ha comparecido el portavoz del PP en la Diputación, José Luis Sanz Merino

Casi una decena de testigos de los 41 que están citados en el juicio contra la excúpula de Caja Segovia, han declarado este jueves en la tercera sesión en la Audiencia Provincial. La acusación ha calificado de "esclarecedora" esta jornada al conocer la postura de algunos exconsejeros. Llamativa ha sido la comparecencia de la exconsejera y exmiembro de la Comisión de Control de Caja Segovia, Dolores Romero, que denunció que en la primavera de 2011 el director general en funciones de la entidad Miguel Angel Sánchez Plaza les pidió “un acto de fe” para creerse que los exdirectivos se habían prejubilado con las mismas condiciones que el resto de empleados. Romeró dimitió de sus cargos cuando, unos meses después, les dieron, "por primera vez", las cifras exactas de las retribuciones y sentirse “engañada”.

Dolores Romero, que declaró en calidad de testigo, aseguró tener la impresión de que “nos engañanaron a todos” porque el plan de prejubilaciones del comité de dirección con un porcentaje, el ya famoso 74,7 por ciento, “no significaba nada” y no fue hasta después, “a toro pasado”, cuando supo que “sólo para una persona” había “una dotación de más de 5 millones de euros”, que corresponde a la cantidad dada en este juicio para la prejubilación del exdirector general de Caja Segovia, Manuel Escribano, según informa ICAL.

El resto de los testigos del turno de mañana, Sergio Gozalo, Miguel Ángel Antona, Manuel Berzal, Bonifacio García y José Pablo Lozoya, h an tenido disparidad de criterios. 

Esta tarde han declarado cuatro testigos comenzando por el ex presidente de la Diputación, Javier Santamaría, que fue miembro del Consejo de Administración de 2003 a 2011. Afirma que cesó en noviembre de 2011 en una sesión en la que se anunciaría después modificaciones del Plan de Prejubilaciones.

Ha afirmado que no conocía los temas hasta que llegaban al Consejo, y que "se aprobaba todo por asentimiento, y que quien no estaba de acuerdo, eran pocos, lo decían"

Ha destacado el músculo financiero de Caja Segovia, que "estaba muy bien gestionada", y que "junto a Caja Rioja estaba entre las mejores en productividad. Había grandes beneficios, y eran dos perlas que se llevaría Bankia tras la fusión".

Santamaría ha afirmado que nunca tuvo "curiosidad en conocer los sueldos de directivos, ni del personal. Estaban puestos cuando llegué, y entiendo que eran sueldos acorde al mercado".

 

El actual portavoz del PP en la diputación, José Luis Sanz Merino, estuvo en el consejo de administración de otoño de 2003 a julio de 2012, siendo vocal del consejo y vocal de la comisión ejecutiva. Ha afirmado que había "amplia confianza" en la dirección, y que todos estaban "a favor".  Ha destacado que siempre se hablaba de las prejubilaciones "de forma global", y que había una partida de 100 millones de euros para todos, directivos, y trabajadores. 

Sanz Merino ha destacado que se hablaba "de provisiones, no de desembolso, en cuanto a la cantidad de prejubilaciones".

Sobre la cuantía global ha reconocido sentir "envidia sana por los trabbajadores", y que la Caja "podía soportarlo perfectamente".

Ha respondido a preguntas del abogado de la acusación popular, Izquierda Unida, que la expansión de la Caja llegó al sector inmobiliario y que incluso se participó "en la construcción de barcos". Sobre los beneficios de la entidad ha destacado que en 2004 había 20 millones libres de impuestos, y en 2009 más de 30. Pero al año siguiente, en 2010, se bajó a 16 debido "a la crisis", pero también a "cambios de criterios" de la Caja. 

Sanz Merino también ha señalado que nunca se preguntó por los sueldos de los directivos, solamente una vez lo hizo Manuel Agudíez en 2003, y le respondieron que el director general y el adjunto cobraban entre 350.000 y 400.000 euros anuales.

 

Ha cerrado la sesión vespertina Miguel González Llorente, presidente de FES de 1982-1990. El próximo martes continuará el juicio con la declaración de más testigos.