Miles de personas salen a protestar contra el Gobierno de Perú en unas violentas movilizaciones que derivan en enfrentamientos de los manifestantes y las Fuerzas del Orden que se cobran varias vidas. Es la escena que vive la nación andina en los últimos meses, pero que también se ha ido reproduciendo durante más de una década, ante el hastío de la población con una clase política cada vez más corrupta.

Prácticamente desde que Alberto Fujimori se hizo con el poder, en 1990, el país no ha levantado cabeza. El exmandatario, que dio un golpe de Estado apenas dos años después, fue condenado por delitos de corrupción y de crímenes de lesa humanidad. Y, aunque en Perú no se ha vuelto a repetir esa persecución contra los opositores, las prácticas de gestión irregular sí se han reproducido en siguientes legislaturas, intensificándose en los últimos años, con el paso de seis presidentes en los últimos seis años, casi todos ellos destituidos por sus malas praxis. Y, en la mayoría de los casos, con represiones contra los miles de personas que salieron a las calles para protestar. 

Eso se está repitiendo también ahora bajo el mandato de Dina Boluarte, que llegó al poder tras la destitución de Pedro Castillo y cuyo Gobierno está cada vez más asediado. Por todos los frentes: tanto en el ámbito interno como desde el exterior.

Cuando el 7 de diciembre la entonces vicepresidenta de Castillo se puso al frente del Gobierno, subrayó que permanecería como presidenta hasta finalizar la legislatura, en 2026, algo que contribuyó a encender las calles de diversos puntos del país, con miles de personas tildándola de «traidora» y «usurpadora». Todo empeoró cuando la represión policial comenzó a cobrarse vidas de manifestantes. Entonces, las acusaciones subieron de tono, calificando de «asesina» a una Boluarte que dio su brazo a torcer mínimamente, con el anuncio de que adelantaría las elecciones a 2024. Insuficiente: las protestas continúan y la clase política, lejos de tratar de atenuar las movilizaciones -que ya han dejado más de 70 muertos- anticipando las presidenciales a este año, parecen haberse aferrado al cargo. No interesa el adelanto porque los congresistas no pueden optar a la reelección y, por tanto, perderían parte de sus privilegios. Y ese egoísmo político crispa aún más a una población desencantada.

Cada vez más aislada

La situación para la presidenta es tremendamente desfavorable. Un 60 por ciento de los peruanos están a favor de las protestas y un 75 por ciento quiere su dimisión. Pero tampoco existen muchas alternativas. Según una encuesta reciente, el 59 por ciento de la ciudadanía no sabría a quién considerar un buen candidato y hasta un 20 por ciento cree que «nadie» lo sería. Y, entre los nombres, el propio Castillo o la líder opositora Keiko Fujimori, los más respaldados, apenas cuentan con una opinión favorable del 2 por ciento de la población. 

En el exterior tampoco es mucho mejor la consideración que se tiene de Boluarte. Es más, sus vecinos latinoamericanos están empezando a aislarla. Principalmente, los Gobiernos progresistas, que ahora son mayoría en la zona. México, Chile, Bolivia, Argentina, Colombia y hasta Estados Unidos desaprueban la gestión de la presidente y exigen una rápida respuesta -y pacífica- para contener la tensión en la nación andina.

La mandataria, lejos de dar marcha atrás, insiste en que no entiende tanta oposición, puesto que su Gobierno «es meramente de transición» y mantiene sus llamamientos «a la paz, el diálogo y la reconciliación», pero sin temblarle el pulso a la hora de llamar «terroristas» a quienes se movilizan en su contra.

Si bien la violencia parece haber disminuido, la tensión se acumula y el panorama es complejo: porque en Perú no hace falta que ocurra mucho para que la mecha vuelva a encenderse... y a prender.