En las estanterías de uno de los supermercados que más facturan de Segovia se pueden encontrar hasta cinco ofertas de patatas, pero sólo una de origen español y a un coste 1,20 euros más caro que el último que recoge en Segovia el Observatorio de Precios de la Junta de Castilla y León para los productos agrícolas. La situación se reproduce con la zanahoria, el puerro, el ajo y todos los cultivos procedentes de la huerta segoviana más importante, la del Carracillo, que como el resto del sector en España ha dicho ‘basta’.

Las cargas policiales sobre una protesta de agricultores en Don Benito (Badajoz) la semana pasada han devuelto a escena la compleja realidad que vive el campo, obligado a enfrentarse a un amplio abanico de desafíos: la progresiva despoblación de las zonas rurales, el cambio climático, el avance tecnológico, la competencia de los mercados exteriores... A esa batalla acude, además, con las fuerzas debilitadas. El sector ha perdido 400 de los cerca de 4.000 agricultores que había en Segovia y tiene un nueve por ciento menos de poder adquisito que hace un año, según indicaron los responsables de Asaja y UPA en la concentración que celebraron, el pasado 30 de enero frente a la Subdelegación del Gobierno, con más de medio centenar de asistentes.  «No hay relevo generacional porque, con todos estos condicionantes, no es un trabajo atractivo para los jóvenes», apunta el presidente de Asaja Segovia, Guzmán Bayón, que apunta a los precios como el primero de los problemas que sufren los agricultores y ganaderos: «Nuestros costes de producción son muy caros y vendemos a precios de hace treinta años». 

Una sencilla comparativa entre los datos oficiales que proporciona la Junta de Castilla y León acerca de lo que se paga en lonja por los productos agrícolas y lo que marca el ticket de la compra en los grandes supermercados evidencia las diferencias y explica el hartazgo de un sector que, además, se siente perseguido por parte de la sociedad. El agricultor cobra veinte céntimos por cada kilo de patata y el consumidor final paga 1,40 euros. Y lo mismo sucede con el resto de productos del Carracillo y los que después los segovianos tienen a su disposición en las grandes superficies. La zanahoria, el puerro, la lechuga y el ajo seco se pagan en origen a 0,19, 0,52, 0,3 y 1,2 euros por kilo, respectivamente, y en la estantería de los principales supermercados se encuentran a 0,69, 2,29, 4,6 y 0,99.

Por donde sangran los agricultores - Foto: Eugenio Gutiérrez

Porcentualmente estos incrementos de precios oscilan entre el 209 por ciento y el 600 por ciento. «Nosotros llevamos años luchando por unos precios justos y, mientras, las grandes superficies nos utilizan como reclamos frente al consumidor», se queja el secretario general de UPA Segovia, Pedro Matarranz.

La Cooperativa Glus presume de más de cuatro décadas de trabajo «con una excelente materia prima y un minucioso control de calidad» en sus productos agrarios. Realiza un seguimiento desde la siembra hasta la entrega para su comercialización de las zanahorias, cebollas, patatas, lombardas, espinacas, lechugas, escarolas y radiccios que figuran en su catálogo de hortalizas. Una oferta que se beneficia en el subsuelo del Carracillo de uno de los acuíferos más importantes de la Península, según subraya a través de su página web. Sin embargo, esta cooperativa segoviana no permanece ajena a la crisis que padece el campo. «Aunque el Observatorio de Precios diga que la zanahoria, por ejemplo, está a 19 céntimos el kilo, en realidad al agricultor se le está pagando como mucho 15 céntimos. Los proveedores de las grandes superficies lo tienen muy crudo», indica su gerente, Jesús Esteban, testigo directo de cómo ha desaparecido o tiene una presencia testimonial la producción de remolacha roja de mesa, endibia, maíz dulce, cebolla y repollos, lombardas o coliflores, otros de los emblemas de la huerta del Carracillo tradicionalmente.

Para el presidente de Asaja Segovia, «no es de recibo que entren en España alimentos de otros países a precios más baratos y sin las garantías sanitarias y sociales que se nos exigen a nosotros». Otro de los factores que ayudan a entender el hartazgo de un sector que, al margen, se siente culpabilizado por el cambio climático. «Se nos critica de forma muy injusta cuando el saldo de lo que producimos de CO2 y lo que limpiamos es favorable para nosotros. Otros ámbitos, como el industrial o el de las comunicaciones, contaminan mucho más que nosotros», argumenta Bayón, que suma a los animalistas al grupo de quienes han causado perjuicios a los agricultores y ganaderos.

«No puede ser que la fauna salvaje eche de sus zonas a los ganaderos, que son los que se encargan de mantener limpios los montes y de que haya menos accidentes de tráfico por la presencia de animales», remarca. En este sentido, su homólogo de UPA asegura que Segovia «tiene un problema serio». «Hace poco me enseñaron un vídeo de la zona de Cantalejo en el que se podía ver más de 70 jabalíes. Se están extendiendo a territorios que no son su hábitat», advierte. Paralelamente «los ríos se llenan de maleza, con el consiguiente riesgo de que se puedan producir inundaciones, y los montes se están convirtiendo en motores de combustión porque no se hace nada y hay que pedir permiso hasta para cortar un árbol que se está cayendo», según el propio Matarranz.

La situación del vacuno de leche («Llevamos años con problemas de precios») y de la ganadería ovina («Está en peligro de extinción») completa la radiografía del campo, que además mira con incertidumbre hacia la PAC. «Tiene que ser justa, dar prioridad a los profesionales y mantener el presupuesto, aunque de media se percibe menos que en 1993», concluyen los representantes del sector, escépticos con las buenas palabras del Gobierno.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido a las grandes superficies de distribución que hagan «examen» y «autocrítica» por la caída de precios en la agricultura, al tiempo que ha advertido de la necesidad de introducir mayor transparencia en la cadena. Por su parte, El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha exigido a la distribución que evite la ‘venta a pérdidas’, al tiempo que considera que la subida de precios al consumidor no es la solución para paliar la crisis que sufren agricultores y ganaderos, que exigen precios justos. El Gobierno modificará la Ley de la Cadena Alimentaria y ha comenzado a reunirse con las grandes cadenas.