El PSOE presentará en el pleno de la Diputación Provincial de Segovia de este jueves sendas mociones para que la institución apruebe un plan provincial de carreteras para el periodo 2023-2025. El portavoz socialista, Máximo San Macario, recuerda que "el último plan provincial de carreteras fue el del 2016-2018, realizándose durante estos años las obras contempladas como prioritarias y, sin un nuevo plan se han ido ejecutando con una notable insuficiencia de recursos otras actuaciones que tenían la consideración de reserva, pero aun así se han quedado muchas sin ejecutar".

"Es más, durante los años 2021 y 2022, las intervenciones realizadas por la Diputación en carreteras de su titularidad no han seguido ningún tipo de planificación, contraviniendo la lógica y los objetivos que la ley contempla para los planes provinciales de carreteras", añade San Macario, quien reconoce las dificultades generadas por la pandemia: "Pero el equipo de Gobierno de la Diputación no puede caer en la tentación de escudarse en ello para intentar justificar que desde 2018 se esté incumpliendo la ley a este respecto, oorque la Ley de Carreteras de Castilla y León es taxativa y contempla que los planes provinciales de carreteras han de elaborarse, redactarse y aprobarse por las diputaciones y será después la Junta quien apruebe definitivamente dichos planes o, en su caso, las modificaciones pertinentes".

Para el portavoz socialista, "el PP en la Diputación no ha hecho los deberes e incumple lo que recoge en su web: es a esta institución a la que compete la conservación, mejora y seguridad vial de la Red de Carreteras Provinciales, constituida por 1.230 kilómetros (52 por ciento del total de la Red Viaria Provincial)". "La red dependiente de la Diputación constituye una red secundaria pero importante para dar la adecuada accesibilidad a todos los municipios segovianos, pero la dejadez de este equipo de Gobierno hace que la red provincial de carreteras no esté en el adecuado estado de conservación y que tampoco esté adaptada a las necesidades que van surgiendo en distintos municipios. Cinco años después de que caducara el anterior, ya es hora de elaborar el nuevo Plan Provincial de Carreteras 2023-2025, que en base a criterios técnicos detalle las intervenciones prioritarias y más urgentes a acometer, las obras de reserva y que se le dote de cuantía económica suficiente en los presupuestos de ese trienio para que no quede en agua de borrajas", abunda.

La moción socialista recoge también instar a la Junta a aportar financiación específica y adicional para que el Plan Provincial de Carreteras de Segovia sea más amplio. "Con el incremento del 25 por ciento de la financiación que la Junta ha recibido del Estado para este ejercicio, el gobierno autonómico tiene fondos extra que puede dedicar a financiar programas de ayuntamientos y diputaciones. Y el Plan Provincial de Carreteras ha de ser uno de ellos", concluye.

POLÉMICA DEL ABORTO. La segunda de las mociones que se debatirá en el pleno de este jueves a propuesta del psoe contempla instar a la Junta de Castilla y León a no aprobar ni aplicar ninguna medida que menoscabe lo establecido en la normativa actual que regula la interrupción voluntaria del embarazo y que vulnere los derechos de las mujeres en este ámbito. Para el diputado socialista Borja Lavandera, "el anuncio por parte del vicepresidente del gobierno autonómico, en presencia del portavoz, que en ningún momento desautorizó ni contradijo nada de lo anunciado por García Gallardo, es un protocolo que atenta de forma directa contra los derechos de las mujeres".

"Si ya de por si abortar puede suponer un trauma, sea la situación que sea, en Castilla y León lo es aún más en este momento, porque al margen de las medidas anunciadas, ya hay obstáculos palpables para ejercer libremente este derecho por parte de las mujeres", lamenta Lavandera. El diputado socialista recuerda que, según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad, hay cinco provincias que no han notificado ni un solo aborto desde 2010 hasta la actualidad. "Es el caso de Segovia, Ávila, Palencia, Soria y Zamora. Cuando una mujer segoviana quiere interrumpir su embarazo, es derivada, en el mejor de los casos, a una clínica privada de Valladolid, cuando no son derivadas a otras Comunidades Autónomas. Además, con costes adicionales para las mujeres que rondan los 700 euros".

En opinión de Lavandera, "ahora Vox, con la complicidad del Partido Popular, por mucho que ante las reacciones suscitadas haya intentado desmarcarse, quiere poner más obstáculos al libre ejercicio de este derecho por parte de las mujeres". "Lo que propone el partido de extrema derecha que forma parte del Gobierno de nuestra Comunidad supone amedrentar psicológicamente a las mujeres para coaccionarlas y manipularlas. El protocolo de Voxy del PP no cuenta además con el apoyo de las organizaciones profesionales de ginecología y más que un protocolo sanitario es un protocolo de la más rancia ideología antiabortista.  Desde el Partido Socialista siempre hemos defendido la libertad de las mujeres, en los plazos y formas establecidos por la ley, para interrumpir voluntariamente su embarazo con todas las garantías sanitarias y legales. Y no vamos a consentir el más mínimo retroceso en este ámbito", zanja.