Si el Partido Popular quería ocultar que el pacto con el Gobierno para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial estaba hecho, con la presentación su proyecto de ley de despolitización de la justicia lo acaba de demostrar. Porque lo que contiene esa reforma es básicamente lo que se había pactado entre el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños y el vicesecretario de cuestiones institucionales del PP, Esteban González Pons. Excepto una cuestión: la elección de los nuevos veinte vocales del órgano de gobierno de los jueces.
Se hace evidente también que el presidente del PP, Alberto Níuñez Feijóo, dio marcha atrás en el acuerdo cuando estaba a punto de hacerse público por la presión de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y de terminales mediáticas conservadoras. Hasta la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra había desligado la desaparición del delito de sedición del debate sobre el CGPJ. El pacto sobre las puertas giratorias para establecer el retorno de jueces con responsabilidades políticas al juzgado, o las condiciones para acceder a los más altos puestos de la judicatura estaba pactado o casi. Eso es todo lo que contiene el proyecto de ley del PP, más lo mollar, que los jueces elijan a doce vocales al margen de la intervención del poder legislativo tal y como establece la norma actual, que el PP no derogó cuando tuvo las mayorías absolutas necesarias para hacerlo. Es la misma propuesta rechazada ya en dos ocasiones, que supone que Núñez Feijóo ha vuelto a posiciones maximalistas –en algún momento hasta las relativizó- que suponen, en definitiva, una elección corporativista del órgano de gobierno de los jueces por jueces, que no garantiza la despolitización de la justicia, sino que bien al contrario, puede acentuar la tendencia conservadora en el CGPJ. .
A pesar de la evidencia de las intenciones en el bloqueo del CGPJ, pese a que carece de su función fundamental del nombramiento de los cargos para los altos tribunales, de que su maniobra para frenar la renovación del TC les salió regular, de que algunas salas del Tribunal Supremo están al borde de la inacción, el PP quiere llevar a la Unión Europea su propuesta de ley para que desde Europa se presione al Gobierno y torcerle el brazo antes de que España inicie su semestre de mandato en la UE para que tenga resuelto el escenario del poder judicial. Eso fue lo que apuntó el comisario europeo de justicia Didier Reynders que visitó España hace unas semanas. En su visita dejó dos mensajes, que primero hay que renovar el CGPJ y después cambiar el sistema de elección Pero el PP se olvida siempre del primer término de la propuesta e incide en el segundo sobre el que las propias asociaciones de jueces tienen visiones distintas. En ese sentido sorprende que el lobby de los populares para que la Comisión Europea presione al Gobierno sea más potente que el del propio Ejecutivo que no logra que las instituciones europeas que se encuentran vigilantes sobre España no animen al PP a cumplir la Constitución española y vean con normalidad que un partido lleve cuatro años incumpliendo las leyes..
Sin duda la propuesta del PP es positiva para despolitizar la justicia. Sería más creíble si además permitiera la renovación del CGPJ y dejara de relacionarlo con la 'okupación' de las instituciones por Sánchez cuando lo tienen secuestrado desde hace más de cuatro años.