La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha estimado parcialmente el recurso presentado por los propietarios de la finca Prados, de El Espinar, y ha declarado la responsabilidad patrimonial de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de los ataques de lobos a la explotación ganadera de su propiedad. La Administración autonómica tendrá que pagar a sus titulares 19.394,06 euros.

Los demandantes presentaron un recurso contencioso-administrativo contra la desestimación por silencio administrativo de la solicitud formulada el 25 de septiembre de 2020, por parte de su madre, fallecida en febrero de 2021, ante el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, en reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de los ataques de lobos en esta explotación ganadera.En los fundamentos jurídicos, el auto sostiene que, en el presente caso, la Administración, "al margen de las cuestiones invocadas sobre la improcedencia de la indemnización tras la reforma legislativa y sobre la suficiencia de la indemnización ya abonada por el plan de ayudas, admite, en lo sustancial, la realidad del daño causado que se concreta en la muerte de varios animales de ganado vacuno propiedad de la demandante, producidos por el ataque de lobos".

También confirma que todos los ataques fueron a animales que contaban entre dos días y cinco meses, por lo que "hemos de concluir que la reclamación efectuada se concreta a seis ataques, 5 becerros de menos de un mes, y uno de 5 meses". El TSJ de Castilla y León estima que la ganadería debe percibir 19.394,06 euros, una cantidad alejada del informe presentado por la parte recurrente, que sostenía que la presencia del lobo en la explotación ascendía a más de 37.300 euros.