La defensa y protección de los derechos reconocidos a los ciudadanos por la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León constituye el mandato principal del Procurador del Común, el 'defensor del pueblo' de Castilla y León desde 1994; en la actualidad en la figura del catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de León Tomás Quintana. «Es políticamente independiente, no recibe instrucciones de ninguna autoridad y desempeña sus funciones con absoluta autonomía», destaca su carta de presentación. Sus resoluciones no tienen un carácter vinculante, pero sí que se le atribuye tradicionalmente una autoridad moral.

En 2022, los segovianos presentaron 87 quejas ante esta institución con sede en León; 29 menos que el año anterior. La mayoría estuvieron relacionadas con la administración local (24), aunque tuvieron también un especial protagonismo el medio ambiente (quince), Fomento (once) y agricultura, ganadería y desarrollo rural y familia, igualdad de oportunidades y juventud (nueve cada una). A continuación, algunas de las reclamaciones que recibió desde Segovia.

Acoso a un menor en un campeonato
Esta queja se refiere a un presunto caso de acoso que habría padeecido un menor participante en un campamento organizado por la Junta de Castilla y León en Segovia. Según la familia del niño, este habría sido insultado y humillado por otro participante en el campamento y esa circunstancia le habría obligado a abandonar la actividiad «como consecuencia del trauma y de la situación de ansiedad padecida». La familia no estaba conforme con la actuación llevada a cabo por la Junta y consideraba que la contestación ofrecida no se ajustaba a la realidad y que los responsables del campamento no adoptaron de forma inmediata las medidas necesarias ante el supuesto caso de acoso. 

De las ruinas del Convento de la Hoz a un caso de bullying

El Procurador del Común concluye que «los hechos evidencian  que existió una situación conflictiva sobre la que habría de haberse actuado con más premura y de forma más contundente, tanto por la empresa encargada del desarrollo del campamento como consecuentement por esa Administración autonómica, responsable del mismo, lo que debería haber evitado o, al menos, contribuido a que el participante no abandonara la actividad motivado por dicha situación».

Ruinas del Convento de la hoz
El estado de deterioro en el que se encuentra el Convento de la Hoz, en Sebúlcor, se ha convertido en una queja recurrente entre las que el Procurador del Común recibe procedentes de Segovia. El 15 de noviembre del 2021 ya exigió a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León que «con la menor demora posible» se lleven a cabo «todas» las actuaciones para exigir a la propiedad del monumento el cumplimiento del deber de conservación o adoptar las medidas subsidiarias que prevé la ley para proteger el templo, en caso de que la propiedad no atienda las solicitudes. El Procurador del Común subraya que en la actualidad «siguen sin materializarse las obras de consolidación necesarias», y reitera la necesidad de adoptar medidas. Las ruinas del Convento de la Hoz, declaradas Bien de Interés Cultural (BIC) el 13 de septiembre de 2012, «son un bien que presenta una especial singularidad por su importancia histórica y arquitectónica en un marco paisajístico excepcional», según remarca.

Selección del nuevo coordinador del IMD
Una persona reclamó ante el Procurador del Común porque «no se ha publicado ni relación de aspirantes ni la resolución de la persona seleccionada», en referencia al proceso de nombramiento del nuevo coordinador del Instituto Municipal de Deportes (IMD) tras la renuncia de la persona que había ocupado ese cargo. El Procurador del Común responde que el decreto de nombramiento del nuevo coordinador del IMD sí que fue publicado en la página web de esa institución. En cambio se ocultó la lista de admitidos y excluidos al proceso de selección. El Ayuntamiento se escuda en las restricciones impuestas por la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, pero el 'defensor del ciudadano' de Castilla y León recuerda que la disposición adicional séptima de esa norma lo que indica es que no deben publicarse los nombres y apellidos junto al número del DNI, por lo que insta al Ayuntamiento de Segovia a publicar la lista de admitidos y excluidos en futuros procesos selectivos. También considera conveniente que valore la aprobación de «una guía de buenas prácticas en materia de protección de datos en los procesos selectivos.

Deficiente atención sanitaria rural
Las quejas por el funcionamiento de la sanidad en el medio rural también alcanzaron al Procurador del Común en 2022. Una persona denunció las presuntas deficiencias existentes en la organización de la consulta de enfermería en el consultorio médico de la localidad de Juarros de Voltoya. La resolución del Procurador del Común insta a la Junta de Castilla y León a «verificar» la calidad de la asistencia sanitaria de los usuarios de esta zona básica de salud y adoptar y a adoptar «las medidas precisas para garantizar a los habitantes de los núcleos rurales de Castilla y León la adecuada disposición de los medios asistenciales sanitarios y la precisa información sobre los mismos en cada momento».

El autor de la queja criticaba «serias deficiencias» en la prestación del servicio de enfermería «al no darse adecuada ni pertinente información de las ausencias del personal de enfermería». La Junta de Castilla y León entiende en este caso que actuó «con la mayor celeridad posible» para resolver la incidencia, provocada por una «indisposición» de la enfermera «surgida a la mitad de su jornada laboral». «Y se ha comunicado la incidencia a través de los cauces habituales, avisando a los alcaldes de las zonas afectadas para que comunicaran a los usuarios de sus ayuntamientos la circunstancia sobrevenida», destaca la Administración autonómica, que además asegura que al día siguiente contrató a otras enfermera para cubrir la ausencia.

Persona vulnerable sin acceso a un alquiler social
Esta queja estaba firmada por un ciudadano,adjudicatario de una vivienda de titularidad pública en régimen de alquiler social en Segovia, cuyo derecho de uso se atribuyó a su exmujer tras un proceso de divorcio y una denuncia de malos tratos de la que resultó absuelto. Obligado a vivir con un familiar y en situación de emergencia social según indica, lleva desde hace casi diez años  luchando «con gran desesperanza» para que le sea adjudicada una vivienda en régimen de alquiler social, sin que a la fecha de presentación del escrito de queja se le hubiera ofrecido asistencia ni una alternativa habitacional al interesado.

El Procurador del Común centró su intervención («Una vez más», subraya) en el análisis de la «escasa» disponibilidad de viviendas públicas destinadas al alquiler social en Castilla y León y la excesiva demora en la tramitación de las solicitudes de alquiler social de una vivienda demandada por las familias que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad, «que exigen como no puede ser de otra manera una intervención ineludible». 

Perros peligrosos en Santiuste de Pedraza
En el balance de su actividad en 2022, el Procurador del Común ha destacado la reclamación presentada por 29 personas por la presencia de perros potencialmente peligrosos en Santiuste de Pedraza, protagonistas presuntamente de dos ataques a cerdos vivos en menos de veinte días el pasado verano. Vecinos del mencionado municipio han denunciado que esos perros se encuentran en situación de abandono, y una ONG ha acusado al alcalde de inacción. No consta en su página web que el Procurador del Común haya emitido ninguna resolución al respecto de esta queja.

Molestias por una pista polideportiva en Palazuelos de Eresma
El Procurador del Común recibió una queja por los ruidos que generaban las actividades que se desarrollaban en un recinto deportivo de Palazuelos de Eresma. Tras analizar el informe remitido por la Administración municipal, constató que no se había realizado ninguna actuación para comprobar si eran ciertas las molestias denunciadas por los vecinos más inmediatos, por lo que el propio Procurador del Común recomendó a dicha Corporación que solicitase a la Diputación de Segovia que realizase una medición para determinar si se superan los límites de los niveles fijados en la Ley del Ruido de Castilla y León. Asimismo, instó al Ayuntamiento a adoptar las medidas de insonorización pertinentes en esa instalación municipal para subsanar las deficiencias que, en su caso, fueran detectadas, recordándole que, en caso de inactividad, podría incurrir en un supuesto de responsabilidad patrimonial.

Excluido de una bolsa de trabajo
Un animador comunitario fue excluido de la bolsa de trabajo de la Diputación Provincial de Segovia para el puesto que había ocupado debido a un informe negativo en su expediente que él desconocía. El Procurador del Común concluye que «no parece ofrecer ninguna duda que debe notificarse al interesado el informe negativo». A la vista de la normativa aprobada por otras entidades, insta a la Diputación a valorar la modificación de las instrucciones aprobadas por Decreto de 15 de mayo de 2015, y, en concreto, la conveniencia de contemplar expresamente la incorporación del informe negativo al expediente personal del interesado, así como el establecimiento de un trámite de audiencia. 

En ese decreto, la institución provincial establece que «son motivos de exclusión de la bolsa de trabajo: (…) El informe negativo por escrito del responsable del centro, servicio o dependencia donde estuviera cumpliendo el contrato de trabajo, siempre que sea aceptado por el diputado delegado de Servicio de Personal. Este motivo de exclusión se referirá únicamente para dicho centro o servicio, pudiendo ser llamado para ofertas en otro centro o servicio diferente».