La Real Academia de la Lengua Española no sabe lo que son, pero se les conoce como 'detectoristas' o 'piteros': personas que utilizan detectores de metales para buscar objetos perdidos en espacios públicos de la ciudad o por el campo. En unos casos por afición o 'deporte'; en otros directamente por pirateo, cuando se mete el aparato sin permiso en un yacimiento arqueológico.Un expolio en toda regla, y no son pocos los que se enmarcan dentro de este perfil.
La Junta acaba de imponer sendas multas de 13.550 euros a dos hombres de 43 y 44 años, vecinos de Madrid con nacionalidad española, por haber intentado apropiarse de piezas de alto valor arqueológico que encontraron con la ayuda de detectores de metales, en prospecciones sin autorización realizadas en Cerezo de Abajo, cerca de la N-110. No son las primeras sanciones de este tipo que se imponen desde la Junta en Segovia, ni mucho menos, pero sí las más altas en cinco años como mínimo, que es hasta donde llega la estadística oficial facilitada a El Día.
Ocurrió hace más de cinco años, aunque la resolución de los expedientes no se haya resuelto hasta ahora. «En su momento se instruyeron diligencias penales y como al final se archivaron, se reabrió el procedimiento administrativo», tal y como explica la jefa del Servicio Territorial de Cultura y Turismo de la Junta, Ruth Llorente.
Los hechos tuvieron lugar concretamente el 26 de marzo de 2017, día en el que la Guardia Civil de Tráfico interceptaba a los dos 'piteros' de casualidad, durante un control rutinario desplegado en el kilómetro 104 de la A-1, a la altura de Boceguillas. Los agentes encontraron en el interior del vehículo un total de 14 piezas metálicas que, ya sólo a simple vista, apuntaban a ser de valor por antigüedad; y también dos detectores de metales.
Los ocupantes del vehículo no pudieron acreditar la procedencia de la piezas, por lo que se levantó la correspondiente acta, se procedió al decomiso de las piezas para su posterior estudio y se inició la apertura de una investigación (imputación en el viejo argot jurídico-policial) de los dos implicados por un posible delito de apropiación indebida de 14 piezas de alto valor histórico-artístico. De hecho, terminaron siendo datadas entre los siglos IV y II antes de Cristo, después de que el Instituto Armado solicitara la colaboración de la Junta (en concreto del arqueólogo Luciano Municio) para obtener más información. Entonces ya se dedujo que pudieron ser expoliados de un yacimiento arqueológico, de modo que una actuación originada en un simple control rutinario pasó a denominarse la operación Viriato.
EL BOTÍN. Entre las piezas incautadas había de todo, desde un bocado de caballo (la parte de la brida que se introduce en la boca del animal para dirigirlo) hasta unas tijeras de hierro, pasando por una hoz de hierro con remaches, un tahalí (correa que se pone cruzada al pecho para llevar una espada u otra arma blanca) o un puñal tipo miracheve, típico de la Edad de Hierro. Todas fueron entregadas al Museo Provincial de Segovia para su estudio detallado y custodia, y ahora ya se ha ordenado su depósito definitivo al entenderse que, una vez que nadie ha podido reclamar su legítima propiedad, forman parte del patrimonio cultural de Castilla y León, y en consecuencia, de los fondos museísticos de este centro.
La jefa del Servicio Territorial de Cultura y Turismo de la Junta precisa que la sanción a cada uno de los dos implicados asciende exactamente a 13.550 euros, cuantía que resulta de «haber hecho una valoración en función del beneficio que se habría obtenido y otras cuestiones, tomando como referencia el informe de valoración pericial de las piezas».
Llorente advierte además que el uso de aparatos detectores de metales concurre como agravante en este tipo de infracciones, que suelen ser las más habituales, con mucha diferencia, en cuanto a expedientes por incumplir la ley de Patrimonio de Castilla y León. En apenas seis años se han contabilizado 27 en total: 5 en 2016, 9 en 2017, 3 en 2018, 7 en 2021, 3 en lo que va de 2022… En 2019 y 2020 ninguno, pero no porque no se registraran infracciones, sino por un problema de personal que demoró trámites, aunque «dentro de los plazos legales, sin prescripción». Y de los 27 expedientes, 24 se debieron a prospecciones sin autorización con la concurrencia del uso de detectores en Nava de la Asunción (cuatro), Duratón-Sepúlveda (tres), Sepúlveda (dos), Cerezo de Abajo (las dos ya apuntadas por el expolio de marzo de 2017), Escarabajosa de Cabezas (dos), Segovia, Domingo García (dos), Ayllón (dos), El Espinar (dos), y uno en cada una de las localidades de Ciruelos de Coca, Coca, Fuentepelayo, Santo Domingo de Pirón, Torrecaballeros y Valleruela de Sepúlveda.
No obstante, la horquilla de sanciones que se han impuesto en ese periodo oscila de 1.800 a 5.000 euros y la mayoría se situaron en torno a 3.000, muy por debajo de los citados 13.550 de cada una de las dos sanciones impuestas ahora por el expolio de marzo de 2017.
USO ILEGAL DE DETECTORES. No está de más recordar que las prospecciones arqueológicas están prohibidas si no se cuenta con la correspondiente autorización previa y expresa de la Consejería competente en materia de cultura, y para obtenerla se exige además la intervención de profesionales o equipos que cuenten con la titulación o acreditación reglamentariamente determinada, tal y como indican desde la Guardia Civil. Asimismo, antes de solicitarla se requiere presentar un programa detallado en el que se justifique su necesidad e interés científico, así como la disponibilidad de medios adecuados para la realización de los trabajos. De lo contrario, uno se expone a multas como las citadas; y si además el infractor tiene la mala fortuna de toparse con un control de carretera llevando piezas de valor, con riesgo de multas tan contundentes como las dos que se acaban de imponer.