La Junta ha recibido 1.807 solicitudes de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) de empresas de Segovia desde el lunes 16 de marzo hasta las 14 horas de este martes, en el contexto de la crisis del coronavirus Covid-19. Estos expedientes afectan a un número potencial de 7.795 trabajadores de la provincia, mientras que en el conjunto de la Comunidad ya van 25.986 ERTE para 144.441 trabajadores. El reparto por provincias es el siguiente:
- Ávila: 1.596 ERTE y 6.172 trabajadores.
- Burgos: 3.764 ERTE y 25.505 trabajadores.
- León: 5.228 ERTE y 18.778 trabajadores.
- Palencia: 1.510 ERTE y 6.980 trabajadores.
- Salamanca: 3.344 ERTE y 11.563 trabajadores.
- Segovia: 1.807 ERTE y 7.795 trabajadores.
- Soria: 1.012 ERTE y 5.490 trabajadores.
- Valladolid: 5.635 ERTE y 24.264 trabajadores.
- Zamora: 1.745 ERTE y 6.026 trabajadores.
- Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales: 345 ERTEs y 31.868 trabajadores.
La Junta de Castilla y León, a través de Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, facilita una visualización de la evolución de los ERTEs recibidos por la autoridad laboral en la Comunidad y su impacto potencial sobre el empleo en el contexto de la crisis del coronavirus COVID-19. Puede consultarse en este enlace.
Conforme a la normativa vigente, la autoridad laboral competente para tramitar estos expedientes de regulación es:
- Las Oficinas Territoriales de Trabajo de Castilla y León, cuando los trabajadores afectados desarrollen su actividad o se encuentren adscritos a centros de trabajo ubicados en una provincia.
- La Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de la Junta, en tres supuestos: cuando los trabajadores afectados desarrollen su actividad o se encuentren adscritos a centros de trabajo ubicados en el territorio de una provincia, pero tenga más de 200 trabajadores afectados; cuando los trabajadores afectados desarrollen su actividad o se encuentren adscritos a centros de trabajo ubicados en el territorio de dos o más provincias de Castilla y León; y finalmente cuando el procedimiento afecte a trabajadores que desarrollen su actividad o se encuentren adscritos a centros de trabajo situados en el territorio de dos o más comunidades autónomas, pero el 85 % de la plantilla de la empresa, como mínimo, radique en el ámbito territorial de Castilla y León y existan trabajadores afectados en la misma.
- El Ministerio con competencias en el ámbito laboral, cuando la empresa disponga de centros de trabajo en dos o más comunidades autónomas.