scorecardresearch

Desestimadas las alegaciones a la incorporación de remanentes

ICAL
-

La comisión informativa ha desestimado las alegaciones presentadas por el Grupo Popular a la incorporación de los remanentes al Presupuesto de 2022 del Ayuntamiento

Desestimadas las alegaciones a la incorporación de remanentes - Foto: Nacho Valverde ICAL

La comisión informativa celebrada hoy en el Ayuntamiento de Segovia desestimó las alegaciones presentadas por el Grupo Popular a la incorporación de los remanentes al Presupuesto de 2022, aprobado en el pleno de febrero. El alcalde accidental de Segovia y concejal de Hacienda, Jesús García Zamora, confió en que el Partido Popular, "por responsabilidad hacia la ciudad", no acuda a los tribunales.

"Tengo esperanza en que no hagan eso", sostuvo García Zamora. De dar ese paso, existiría la opción también de pedir al juez medidas cautelares. "Desconozco si el juez lo concedería, le harían in flaco favor a la ciudad", añadió García Zamora. En su opinión, hacer política es "resolver los problemas" y más en momento social y económico "muy crítico", en el que lo deseable sería "empujar de ese carro y en la ciudad se puedan realizar las inversiones y necesidades de vecinos y vecinas".

La comisión informativa, previa al pleno extraordinario del viernes 8, desestimó las alegaciones presentadas por los concejales del PP, a través de su portavoz, Pablo Pérez, por el informe de Intervención que recoge que "no tienen fundamento". El expediente contiene todos los requisitos para formular los Presupuestos Municipales de 2022.

El concejal de Hacienda detalló que, según este informe, frente a lo que alegaban los populares, sí existen memorias, así como que el pleno tiene la capacidad para "determinar lo que es o no inaplazable" y fue la sesión plenaria de febrero la que aprobó estos créditos de remanentes, con el "reconocimiento de la necesidad de no aplazar estas medidas".

García Zamora insistió en que la presentación de estas alegaciones ya "ha retrasado" la disponibilidad de los créditos de remanentes de tesorería, que se hubieran incorporado entre el 26 y el 28 de marzo. "Ahora hay que esperar al pleno extraordinario del viernes 8 de abril y posteriormente enviar el expediente para su publicación en el Bocyl", destalló, momento en el que ya se podrían utilizar los créditos.

En resumen, dijo el alcalde accidental de Segovia, "un palo en la rueda" porque ya podrían estar "ya en marcha actuaciones ya contempladas pero hay que esperar unas semanas más para ponerlas en marcha". Además, aclaró que los ayuntamientos siempre tienen presupuesto. "Ninguna entidad local se queda sin presupuesto, siempre hay uno en vigor", al que se incorporan los créditos.

También, quiso aclarar que la presentación de alegaciones al presupuesto no impide la utilización de los créditos, pero en este caso sí porque el Partido Partido ha presentado alegaciones a la incorporación de los 11 millones de euros de remanentes. "Es técnica presupuestaria pura y dura", resumió.

Por su parte, el concejal de Obras y Servicios, Miguel Merino, también sostuvo que los concejales del PP han querido "poner palos en la rueda", en vez de "tratar de arrimar el hombro", ya que con la presentación de estas alegaciones se ha buscado "paralizar determinadas iniciativas" cuando el equipo de Gobierno busca "lo mejor para la ciudad", en actuaciones "necesarias y prioritarias".

Merino puso dos ejemplos. En primer lugar, no se pueda aprobar el contrato modificado del proyecto de la calle Agapito Marazuela porque "no hay crédito disponible", al no poder hacer uso de los remanentes. Mismas circunstancia para el proyecto modificación de la pavimentación de la avenida Padre Claret, que "ya esta y en parte va financiado con esos remanentes".

Otra desestimación

La comisión informativa de Hacienda también desestimó las alegaciones presentadas por los vecinos que entendía, según explicó García Zamora, que la previsión económica para la expropiación de un edificio de viviendas en la calle Antonio Machado "no era suficiente". El concejal explicó que la desestimación se basa en que se ha presupuestado más dinero que la valoración que hacen los servicios municipales, que es "el compromiso legal".