El Consejo de Gobierno aprobó hoy el calendario laboral de 2023 en el que figurarán como festivos el 2 de enero y el 25 de julio. El nuevo festivo, que coincide con el día de Santiago Apóstol, será a costa de anular el lunes 24 de abril, fecha a la que se había trasladado la fiesta de la Comunidad, al caer el 23 de abril en domingo.
Un comunicado de la Junta subrayó que el departamento que dirige el consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, ha valorado varias opciones como "muestra de su capacidad de escucha y diálogo" y, finalmente, ha fijado las festividades obligatorias y retribuibles de las que disfrutarán los castellanos y leoneses en 2023 como el 1 de enero (Año Nuevo, que se traslada al lunes 2 de enero), 6 de enero (Epifanía del Señor), 6 de abril (Jueves Santo), 7 de abril (Viernes Santo), 1 de mayo (Fiesta del Trabajo), 25 de julio (Santiago Apóstol, patrón de España), 15 de agosto (Asunción de la Virgen), 12 de octubre (Fiesta Nacional de España), 1 de noviembre (Todos los Santos), 6 de diciembre (Día de la Constitución Española), 8 de diciembre (Inmaculada Concepción), 25 de diciembre (Natividad del Señor).
La Junta recordó que la normativa que regula el establecimiento de los calendarios laborales señala que el 25 de julio es considerado festivo nacional sustituible, lo que significa que se aplica a toda España, pero las comunidades autónomas pueden cambiarlo por otro día que por tradición le sea propio.
De acuerdo con estas posibilidades, la Junta de Castilla y León propone que la festividad del Patrón de España se celebre como no laborable. Por lo tanto, Castilla y León el año que viene celebrará el día de Santiago Apóstol al igual que lo hacen en País Vasco, Navarra, Galicia y Madrid.
En este sentido, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, apostó por ver "con normalidad" el calendario laboral al precisar que el 25 de julio ya ha sido festivo otros años en la Comunidad y además se ha decidido así en otros territorios.
"En función de las circunstancias que se daban, entre ellas que el 23 de abril, día de la Comunidad, coincidía en domingo, nos habilitaba este margen, teniendo en cuenta que el 1 de enero caía en domingo y que era oportuno dar el día añadido -2 de enero- para el reencuentro de muchas familias", añadió. En todo caso, Fernández Carriedo apuntó, según recogió la Agencia Ical, que la elaboración del calendario ha buscado siempre pensar en el interés de la "gente" de Castilla y León y hacerlo compatible con la actividad productiva en la Comunidad. "El 2 de enero y el 25 de julio son los días que nos han parecido más adecuados, tras valorarlo en el Consejo y la Comisión que establece los trabajos a los efectos", concluyó.
Recurso de CCOO y UGT
CCOO y UGT han reclamado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que en el próximo Consejo de Gobierno retire el calendario laboral de 2023 aprobado en hoy, y advierten de que en el caso de no atender esta petición lo recurrirán en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
Ambos sindicatos lamentan que se haya aprobado un calendario laboral que Vox modificó "unilateralmente" sin el debate ni el consenso con los agentes sociales y, según un comunicado conjunto recogido por Ical, aseguran que el Presidente de la Junta aún está a tiempo de retirarlo para aprobar el que se consensuó el pasado mes de julio. Además, recalcan que el calendario aprobado hoy "no piensa ni en los trabajadores ni en los empresarios".
En el caso de tener que recurrir a los tribunales, los sindicatos argumentan que la demanda se cimentará en dos pilares. En primer lugar hay un defecto de forma y, en segundo lugar, el Estatuto de Autonomía reconoce como fiesta de la Comunidad Autónoma, el 23 de abril que, en 2023, cumpliendo el Estatuto de los Trabajadores, se trasladará al lunes 24 de abril, por caer en domingo.
UGT y CCOO recuerdan que ya existe un precedente anterior juzgado en la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Valladolid. Hace unos años, CCOO Castilla y León presentó un recurso contencioso administrativo contra el calendario laboral. La sentencia condenaba "por temeridad a la Junta de Castilla y León por incumplir el deber de consulta a las organizaciones reconocidas por ley".