El canon eólico de Castilla y León se tradujo en ingresos por valor de 30 millones de euros en las arcas de la Junta, procedente de las empresas del sector en 2021, último ejercicio con datos cerrados, una ecotasa sobre la que los promotores se han posicionado siempre en contra y para la que se ha negociado su eliminación en varias ocasiones entre el Gobierno autonómico y la Asociación de Promotores Eólicos de la Comunidad (Apecyl), aunque de momento sin llegar a buen puerto.

El estudio macroeconómico del impacto de este tipo de energía en la Comunidad, publicado recientemente por la Asociación Empresarial Eólica (AEE), recuerda que este canon, que cumplió en 2022 diez años en vigor, está solo operativo en Galicia, donde su administración autonómica grava por importe de 22 millones, y Castilla-La Mancha, con alrededor de 15 millones. «Se diseñó como una compensación que debían hacer los promotores por el uso del viento y por el efecto que tienen los parques sobre las zonas en las que se sitúan, por la instalación de aerogeneradores y por la construcción de las infraestructuras eléctricas y accesos», señalaron a Ical fuentes de AEE, que apuesta por el fin de un tributo de carácter extrafiscal que se suma a otros pagos e impuestos que los promotores ya abonan.

Algunos expertos sugieren que la Comunidad, a la hora de configurar el canon eólico, no atendió al principio de 'quien contamina paga', sino al de capacidad económica, al gravar más al sujeto que mayor energía eléctrica obtenga, lo que se entiende como un mecanismo para introducir «gradualmente el canon eólico», de forma que desde un primer momento no carga en exceso a las empresas que invierten y explotan estos parques.

La Junta ingresa ya más de 30M€ al año por el canon eólico - Foto: FS ICAL

Así, la ley establece que en Castilla y León se abonan 2.000 euros por aerogenerador menor de 500 kilovatios como consecuencia de este concepto; 3.800 euros para los comprendidos entre 500 y 1.000; 6.000 euros para aquellos con potencia entre 1.000 y 1.500 kilovatios; 8.500 euros para los de 1.500 a 2.000; y 12.000 euros por cada molino con una potencia mayor a 2.000 kilovatios. El principal tramo que permitirá mayores ingresos es aquel de entre 1.500 y 2.000, con un total de 14 millones, casi la mitad del total.

Gran peso en el PIB

En 2021, gracias a los 6.404 megavatios de potencia instalada y los 13.255 gigavatios hora que generan los 272 parques eólicos (tres variables en los que Castilla y León es líder nacional), el sector contribuyó con 776,6 millones al PIB, una cifra que supuso, en cifras absolutas, más del doble que hace diez años, cuando se alcanzaron los 306,6 millones. 

El estudio al que tuvo acceso Ical profundiza en el impacto del sector en el medio rural. La Asociación Eólica Española (AEE) vaticina que el número de parques en España «debe aumentar, garantizando que dicho crecimiento sea ordenado». Y es ahí donde entra la relevancia de llamada 'España vaciada', sobre todo en lo que concierne a Castilla y León. 

De hecho, los parques eólicos se encuentran en uno de cada diez municipios de la Comunidad, es decir, en 220 de los 2.248, un porcentaje que es ligeramente superior a la media nacional.