«No se van a modificar los protocolos vigentes, ni se va a cambiar la cartera de servicios. Simplemente se va a mejorar las prestaciones sanitarias que ofrecemos a todas las mujeres embarazadas». La Junta de Castilla y León rebautiza el protocolo antiaborto, el cuál da por finiquitado, y limita las medidas anunciadas hace una semana por el vicepresidente Juan García-Gallardo a una «mejora en las prestaciones sanitarias», trasladando la responsabilidad de su aplicación o no a los sanitarios. En el mismo escenario que se originó la polémica, ayer, el portavoz y consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, volvió a ejercer de 'apagafuegos' y durante más de una hora y media defendió que Sanidad no modifica ningún protocolo, y que solamente se «mejora» la asistencia a las embarazadas, tanto si quieren abortar como si no. «Nosotros lo que queremos es plantear mejoras en la prestación hacia las mujeres embarazadas, algo que es compatible con la puesta en marcha de medidas que ofrecen garantía tanto a las mujeres embarazadas como a los profesionales sanitarios», reiteró ante los numerosos medios de comunicación presentes.
De esta forma, y siempre según las explicaciones de un visiblemente nervioso portavoz autonómico, las «mejoras» que entrarán en vigor dentro del sistema sanitario autonómico serán las detalladas en la rueda de prensa de hace una semana, y que aparecen reflejadas en la nota de prensa remitida por la Consejería de Sanidad, único texto que existe de las medidas, a la que Fernández Carriedo se remitió en múltiples ocasiones.
Se refiere a la atención psicológica de las embarazadas, la elaboración de un «protocolo» de latido fetal en el primer trimestre del embarazo –que ha criticado la Sociedad Española de Ginecología– y la realización de una ecografía 4D, todo ello con «criterio clínico» del médico, pero a la vez con la posibilidad de que las embarazadas lo demanden. «Son los profesionales sanitarios los que toman las decisiones, cualquier actuación en este ámbito debe ser aceptada por parte de la madre y aceptada por los profesionales, no puede suponer ninguna coacción hacia la mujer y está garantizando que no se lleve a cabo ninguna coacción», resumió.
Recursos disponibles
Sobre la práctica, ahora se facultaría a los médicos a ofrecer a las mujeres embarazadas, tanto las que quieran abortar como las que no, la posibilidad de escuchar el latido fetal durante el primer trimestre. Cuestionados por ello, desde la Consejería de Sanidad han declinado confirmar o desmentir a este periódico este extremo. Y es que, las aclaraciones del portavoz autonómico han dejado sin despejar varias cuestiones sobre la polémica antiabortista. Por ejemplo, Fernández Carriedo no puntualizó la forma en la que estas medidas llegarán a los profesionales, ya que «no se ha aprobado nada», y, por lo tanto, no aparecerá reflejado en el boletín oficial. «En el Consejo de Gobierno no se aprobó nada al respecto», matizó, y se limitó a reflejar que «los sanitarios saben con los medios que cuentan».
Tampoco clarificó las contradicciones entre Partido Popular y Vox sobre el protocolo durante estas jornadas, y tampoco quiso entrar a valorar las declaraciones realizadas por el vicepresidente Juan García-Gallardo. «No soy un comentarista de la actualidad», zanjó. No obstante, Fernández Carriedo reconoció que han podido existir errores a la hora de comunicar lo acordado: «Quizá la palabra 'protocolo' no era la más indicada, e igual había que haber utilizado palabras como 'procedimiento' o 'prestaciones sanitarias'».
Preguntado por la contrariedad que supone defender a la vez que no van a cambiar los protocolos que siguen los sanitarios para atender a las mujeres embarazadas –quieran abortar o no– y la vigencia del comunicado de la pasada semana en el que se detallan esas medidas, Fernández Carriedo argumentó que la pretensión de la Junta no era modificar el protocolo de abortos, sino «mejorar» las prestaciones a todas las mujeres embarazadas.
Salud del pacto PP-Vox
El portavoz autonómico también tuvo tiempo de contestar a las preguntas sobre la situación que atraviesa el pacto de Gobierno enCastilla y León, después de que durante las últimas jornadas se haya puesto en tela de juicio su continuidad, aunque durante las últimas horas se ha producido una notable desescalada verbal entre las cúpulas de ambas formaciones. «Hemos tenido un ambiente de trabajo en el Consejo de Gobierno», detallaba Fernández Carriedo, que señaló que PP y Vox tienen la voluntad de seguir trabajando en sus competencias y mantener la «hoja de ruta» del discurso de investidura ante las Cortes de Alfonso Fernández Mañueco. No obstante, evitó pronunciarse sobre si la coalición goza de buena salud, e ironizó que eso podría hacerlo mejor el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, médico de profesión por sus conocimientos. «Somos dos partidos distintos que en algunos aspectos se pueden poner de acuerdo y desarrollar un programa conjunto que sea útil a los ciudadanos». Por último, y sobre un «hipotético adelanto electoral», concluyó que le corresponde al presidente y añadió que «siempre» cualquier actuación suya será «por el criterio del interés general».