Burgos tiene un amplio catálogo de infraestructuras cuyo desarrollo ha sido un camino tortuoso (más de 30 años para cerrar la circunvalación), lento y plagado de contratiempos inéditos en la historia de la obra pública española (caso del AVE y el manido derribo del viaducto de Frandovínez) o que, simplemente, no ha sido. Es paradigmático el caso de la autovía A-12, llamada a superar la actual Nacional 120 y a conectar con una carretera de alta capacidad Burgos con La Rioja, comunidad vecina en la que prácticamente todo el trazado está desdoblado. 

El primero de sus tramos, de apenas cuatro kilómetros entre el perímetro capitalino y el término municipal de Ibeas de Juarros, ya debería estar terminado. El plazo dado a la UTE que resultó adjudicataria de la obra expiró hace meses, pero la realidad es que no se ha construido un solo metro de carretera. Los antiguos propietarios de los terrenos se aferran ahora al Reglamento de Expropiación Forzosa y piden la reversión del suelo. Se ofrecen a reintegrar lo que se les pagó y, con posterioridad, volver a ponerlo a disposición del Ministerio de Fomento pero con los precios actualizados conforme al IPC. Quieren así resarcirse de la imposibilidad de haber podido negociar con esas tierras o incluso haberlas explotado para rendimientos agrícolas a cambio de nada, porque nada es lo que se ha hecho sobre lo que fue suyo.

La UTE ha pretendido desde muy temprano compensar su propia oferta. Se adjudicó la obra gracias a una baja sobre el precio de licitación del 46%, pero después adujo que ejecutar el tramo en las condiciones proyectadas (hay que hacer un talud artificial de hasta ocho metros en casi todo el trazado) iba a costar más dinero del que ellos dijeron que estaban dispuestos a cobrar. Si Fomento no tuerce el brazo, ellos no ejecutan la obra. Y así estamos, con un Ministerio en sempiterna interinidad que no resuelve tragar con el modificado (si lo hace tendrá que asumir culpa en lo sucedido, pues lo contrario sería el triunfo de una burda maniobra empresarial para hurtar la libre competencia) o rescindir el contrato por incumplimiento.

La interpretación más lógica de lo sucedido es que a Fomento le viene bien postergar inversiones en un momento que no se antoja expansivo para la obra pública, pero eso no sintoniza con la reciente adjudicación de las obras en otro tramo de la A-12, el que penetra en territorio riojano. Por tanto, urge una explicación clara y convincente sobre lo que está sucediendo con un segmento de carretera que ahora abre un nuevo capítulo con la reclamación de los expropiados, y no parece que sea para ayudar a agilizarla. O sí. Tiene el Ministerio seis meses para dar respuesta. Quizás sea el momento de tomar decisiones en lugar de seguir tomando el pelo a los ciudadanos.