En Madrid, Burgos y Santiago de Compostela se celebraron el pasado domingo multitudinarias manifestaciones en defensa de una sanidad pública de calidad y universal que dé respuesta a las necesidades de la población, en especial en la atención primaria, que está colapsada en muchas comunidades autónomas por la falta de médicos de familia y pediatras, el primer eslabón de la cadena en la curación y prevención de la enfermedad.
Las tres manifestaciones tienen algo en común, se desarrollaron en ciudades donde el gobierno regional se encuentra en manos del Partido Popular y la intención de los convocantes era similar, frenar el desmantelamiento de la sanidad pública y la necesidad de proveer de más médicos los centros de atención primaria en las ciudades y en el ámbito rural en dos regiones en las que la dispersión y el envejecimiento son señas de identidad, y señalaban que en esa desidia hacia la atención primaria se encuentra larvado un intento de privatizar la asistencia sanitaria. En todos estos casos las negociaciones entre la administración sanitaria y los representantes de los médicos están encalladas, porque cualquier solución pasa por un incremento de las inversiones que deben ir dedicadas a mejorar las condiciones retributivas del personal sanitario, a recuperar los servicios existentes antes de que se declarara la pandemia y a establecer un reparto del trabajo para que no haya sobrecarga y los médicos puedan dedicar al menos 10 minutos a cada paciente.
No solo en esas comunidades autónomas hay problemas. En Navarra, con gobierno socialista, los médicos también se encuentran en huelga y el mismo conflicto existe en otras regiones gobernadas por el PSOE como Extremadura, la Comunidad Valenciana o Aragón, y en Cantabria o Cataluña. Es decir que se trata de un problema generalizado con problemas comunes que los gobiernos han intentado frenar mediante la negociación con los facultativos.
La presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, sin embargo, considera que se trató de una manifestación de carácter político para desgastarla ante la convocatoria de las elecciones autonómicas, como si el conflicto sanitario fuera privativo de su región. Por supuesto, no hay nada más que ideológico que decidir a qué se dedican las inversiones y por tanto el tipo de atención sanitaria que se quiere prestar -"El modelo del PP es que se cure quien pueda", afirma Sánchez; "La falta de médicos es culpa del Gobierno", contraataca Feijóo- y si el horizonte hacia el que se va es que la atención primaria, y la sanidad pública en su conjunto, vuelvan a ser motivo de orgullo nacional. Ayuso podría preguntar, además, a sus compañeros en Navarra para comprobar que las demandas que realizan al gobierno foral son calcadas de las que recibe de los médicos madrileños.
Al margen del mayor o menor seguimiento de la huelga que mantiene el sindicato AMYTS, la realidad es que los médicos madrileños se encuentran "saturados, agobiados, quemados e ignorados", como se podía leer en la bata de una facultativa en la manifestación del pasado domingo, ante lo que Ayuso opone que Madrid cuenta con una de las mejores asistencias sanitarias del país. Si se tiene en cuenta que la comunidad que preside se encuentra a la cola del gasto sanitario por habitante, es fácil imaginar el nivel que tendría si creciera la inversión –a lo que no está dispuesta- y fuera capaz de retener y atraer a los sanitarios que buscan buenas condiciones laborales.