El empleo (cuánto, qué calidad, quién lo paga, quienes trabajan, con qué contratos): la madre del cordero. Y entre las asignaturas pendientes, el empleo público. La España actual, heredera de las sociedades antiguas en las que todo se entendía en clave estatal, sigue adoleciendo de una excesiva adscripción a los contratos librados por las administraciones y usualmente las plazas en propiedad.

La última Encuesta de Población Activa nos pone de nuevo frente a la desdicha de que el gran empleador seguimos siendo nosotros, los contribuyentes (esos que hemos vuelto a soltar más pasta que nunca en el último ejercicio fiscal, récord de recaudación). Pues bien, Castilla y León generó 7 empleos públicos de cada 10 empleos nuevos el año pasado, de tal modo que casi el 22 por ciento de empleados que hay en nuestra comunidad están a sueldo de alguna de las tres administraciones: esto es, 5.000 más que el trimestre anterior y 25.000 más que antes de la pandemia.

Son cifras que asustan por lo desequilibradas y por lo insostenibles, puesto que lo uno financia lo otro y si añadimos las clases pasivas y los desempleados, nos damos cuenta de que la nuestra no es una economía lista para prosperar sino para subsistir. No es, en absoluto, algo que sólo concierne a nuestra Comunidad, puesto que también el resto del país adolece de un exceso de empleo público. Los economistas saben bien que este tipo de regímenes económicos tienden a ser escleróticos, discriminan el mérito y expulsan del mercado los talentos menos acomodaticios a los procedimientos de acceso a la empleabilidad pública, tan encorsetada, reglada y dogmática.

No parece que nos demos cuenta que amplios grupos de población, singularmente los más jóvenes y mejor preparados, quedan excluidos de nuestras sociedades o se integran con recursos que no les permiten vivir con decoro. Demasiados funcionarios. Demasiados.