Las 300 trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio de la Diputación Provincial de Segovia llevan años reclamando que se les reconozcan, tanto económicamente como en tiempo cotizado, los cinco minutos de desplazamiento entre usuarios que el convenio regional del servicio contempla. Ahora, deberá ser así, ya que UGT asegura que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León ha estimado el recurso contra el último pliego en este aspecto, en el que la Diputación segoviana, aseguran, es la única administración de la comunidad que incumple.

"Tienen que hacer un nuevo pliego ajustándose a la legalidad en dos aspectos. Los cinco minutos tienen que figurar y no pueden vulnerar los derechos fundamentales, porque estaban intentando regular el derecho a la huelga", ha señalado el secretario general de Servicios Públicos de UGT en Castilla y León, Tomás Pérez. El sindicato acusa a la Diputación de posicionarse del lado de la empresa concesionaria del servicio, más que de defender a los derechos de estas empleadas, que hasta ahora han tenido que acudir al Juzgado de lo Social para que se les reconociese este tiempo.

Porque insisten, a las pocas horas y usuarios que suelen ir ligados sus contratos, hay que sumar desplazamientos largos entre ellos por los que se les paga 19 céntimos el kilómetro. "Luego la Administración sale a presumir de que ha conseguido 1.500 trabajos en la Segovia rural. No, ha conseguido 1.500 esclavas en la Segovia rural", ha remachado Pérez.

Los precios del kilometraje los marca la Mesa del Diálogo Social, según ha apuntado el vicepresidente de la Diputación, José María Bravo, quien remarca la transparencia y buena disposición de la institución. "Los servicios técnicos son los que han valorado esa licitación. Siempre hemos sido transparentes en cualquier proceso que ha iniciado la institución. Siendo una licitación pública no tenemos más que añadir", ha concluido Bravo.