Las medidas de ahorro energético aprobadas por el Gobierno han abierto una nueva brecha entre el Gobierno y la oposición, e incluso con la propia sociedad. Más allá del efectismo o eficacia de las actuaciones incluidas en el decreto, Pedro Sánchez ha vuelto a actuar de forma caudillista y se ha lanzado a poner en marcha un programa de medidas sin antes dialogar con las formaciones políticas de la oposición, con las comunidades autónomas y ayuntamientos o con otros sectores afectados de la sociedad civil. Esta forma despótica de gobernar por parte de Sánchez es lo que anima a la insumisión que algunos gobiernos autonómicos proclaman o al incumplimiento que ciertos sectores económicos anuncian ante el perjuicio que les ocasionan algunas de las medidas, sobre las que nadie ha preguntado ni ofrecido alternativas.
Es evidente la necesidad de implementar un plan de ahorro energético ante la situación planteada con Rusia debido a su invasión de Ucrania. Eso nadie lo niega. Sin embargo, el Gobierno socialista carece de los más elementales mecanismos de diálogo para consensuar unas medidas que deben contar con el apoyo de toda la sociedad, de personas particulares, empresas y administraciones públicas. El 'ordeno y mando' de Pedro Sánchez cada vez cuenta con más rebeldes. Al final, las medidas se llevarán a cabo por parte de las autoridades regionales y municipales, pues además de que se deben al cumplimiento estricto de la ley ya se han anunciado gravosas sanciones para todo aquel que no se ajuste a las normas y las arcas públicas y privadas no están para pagar entre 60.000 y 600.000 euros por saltarse la ley.
El decreto ley puede ser recurrido por administraciones o colectivos, ya que no ha tenido en cuenta que algunas de las actuaciones a las que obliga son competencia de las comunidades autónomas o ayuntamiento o que contradicen otras normas como la ley de prevención de riesgos laborales (en materia de temperaturas mínimas y máximas), sin embargo eso no exime de su cumplimiento. Este es el argumento del Gobierno y es cierto, aunque también es cierto que este Ejecutivo socialista ya tiene varios antecedentes de normativas aprobadas deprisa y corriendo que luego han sido ilegalizadas por los tribunales de Justicia. Por ello, el cabreo en la calle es mayúsculo y se hacía más necesario que nunca un diálogo y un acuerdo que permitiese apretarse todos un poco más el cinturón para colaborar en el reto europeo de bajar el consumo energético hasta que se pueda garantizar el abastecimiento en Europa sin tener que ceder al chantaje de Rusia.
Una vez más solo queda hacer un llamamiento al diálogo, reclamar al Gobierno que predique con el ejemplo e inicia conversaciones con el principal partido de la oposición, con las comunidades autónomas y con la FEMP para lograr soluciones conjuntas a problemas globales.