La Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE) ha aludido, con la vendimia ya en marcha, a la necesidad del uso de los contratos homologados de compraventa de uva. OIVE ha recordado que, en julio, el Ministerio de Agricultura publicó dos órdenes ministeriales con los nuevos modelos de contrato homologados y adaptados a las últimas modificaciones que se introdujeron en la Ley de la Cadena Alimentaria. Estos contratos pueden ser plurianuales y son adaptables para todo tipo de producto y características por parte de los operadores.

El presidente de la Interprofesional del Vino de España, Ángel Villafranca, ha señalado que «es importante que el sector los utilice, ya que favorecen la transparencia en las operaciones y, por lo tanto, mejoran el funcionamiento y la estabilidad de la cadena de valor vitivinícola». Los contratos, una vez firmados, deben registrarse, para lo que OIVE ha confiado un año más en Tragsatec. Con esta designación, se busca asegurar la privacidad e independencia de los datos de las transacciones que en todo momento estarán sujetas a la Ley de la Protección de Datos.

Aunque son de carácter voluntario, desde la OIVE se recomienda su utilización dentro del sector vitivinícola, ya que además de las ventajas directas que ofrecen a quienes los utilizan, se produce otra indirecta de carácter global, como es la obtención de información de gran valor con los datos agregados del conjunto operaciones, cuyo conocimiento redunda en un beneficio para todo el sector vitivinícola.

ASAJA insta a denunciar.

Por su parte, ASAJA en Castilla-La Mancha, comunidad en la que la vendimia ya está generalizada, ha instado a los viticultores a que denuncien ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) cualquier irregularidad que se produzca en la compra venta de uva para que se persiga y se sancione a aquellos que se saltan la ley. Así se ha pronunciado la organización agraria después de que cada día más agricultores estén notificando que están viéndose obligados a firmar los contratos con precios que no superan los costes de producción. Concretamente, se están dando nuevos casos en los que algunas bodegas introducen unilateralmente en los contratos una cláusula en la que se señala que el precio acordado está por encima de los costes, cuando lo cierto es que esto no se ajusta a la realidad.

El Comité Técnico de ASAJA en esta región ha expuesto el malestar de los viticultores que, tal y como han indicado, se sienten «maniatados e indefensos» pues, aunque puedan demostrar que el precio que les pagan no está cubriendo los costes de producción, son amenazados con no recoger su uva, lo que implicaría un gran riesgo echar a perder la producción de todo un año por su condición de perecedera.

La organización agraria ha insistido en que para terminar con esta situación de indefensión es necesario que las Administraciones públicas persigan y sancionen a aquellos que actúen al margen de la ley, así como que velen por el cumplimiento de los contratos y, en general, de la Ley de la Cadena Alimentaria. Además, ASAJA en Castilla-La Mancha ha resaltado que los precios están demasiado bajos a pesar de que se dan las condiciones para que tiendan al alza, puesto que las estimaciones apuntan a una sensible y generalizada reducción de la cosecha -tanto dentro de España como en otros importantes países productores- y ha crecido el consumo interno en nuestro país.