Mil cuarenta y seis millones de euros más tuvo que destinar la Consejería de Sanidad para hacer frente a la pandemia durante 2020, el primer año de la covid-19, lo que supuso disparar en casi un 30 por ciento los fondos movilizados por este departamento el año anterior hasta casi rozar los 5.000 millones de euros. Como es evidente, durante ese año, la política de Sanidad supuso el mayor peso relativo (39 por ciento) del gasto y es la que mayor incremento experimenta. A continuación, aparece Educación (18 por ciento) con 2.256 millones y un incremento de 225 millones, y Agricultura, ganadería y pesca (11 por ciento), con 1.313 millones, tal y como se desprende del 'Informe sobre análisis económico y financiero del impacto de la covid-19 en el sector público administrativo de la Comunidad' realizado por el Consejo de Cuentas de Castilla y León. Además, en 2020 las obligaciones pendientes de pago ascendieron a 847 millones, casi un 200 por ciento más que en 2019, siendo las políticas de Sanidad y Educación las de mayor cuantía, con 426 y 89 millones.

Un repunte de los costes que encontró su tabla de salvación en los ingresos del fondo covid, que ascendieron a 843 millones y supusieron más del 90 por ciento de los fondos recibidos para combatir la pandemia. Los ingresos relativos a los tramos 1 y 2 del citado Fondo, destinados al gasto sanitario, ascienden a 544 millones (65 por ciento). Del estudio también se desprende que los gastos presupuestarios ejecutados en 2020 ascendieron a 12.222 millones, con un aumento interanual del 14 por ciento, es decir 1.468 millones. Los gastos presupuestarios solo se habían incrementado un 1 por ciento hasta 2019 con respecto a 2017.

A la vista del estudio, Cuentas realiza cinco recomendaciones para la Administración autonómica. Así , desde el punto de vista de liquidación del presupuesto, considera que «la Comunidad debería llevar a cabo actuaciones para que el margen de funcionamiento alcance niveles positivos de manera sostenible, constituyendo una base sólida para el ahorro bruto». En relación con la solvencia, explican que «sería aconsejable vigilar el indicador de endeudamiento general y los índices de inmovilización y firmeza, con el fin de garantizar mayor independencia frente a terceros, así como una mayor estabilidad patrimonial». 

«La Comunidad debería realizar actuaciones para corregir el desequilibrio financiero a corto plazo existente, que genera una necesidad estructural de financiación para atender las obligaciones, con tensiones de liquidez. Además, debería corregir la tendencia inadecuada del indicador de liquidez inmediata», advierten desde la institución. Además, y teniendo en cuenta que los gastos ocasionados por la pandemia son coyunturales, estiman que la Comunidad debe establecer un sistema específico en las partidas presupuestarias o fuentes de financiación para identificar los gastos e ingresos derivados de las medidas aplicadas como consecuencia de la covid-19. Por último, añaden que la Comunidad debería ejecutar sus programas «evitando la existencia de remanentes de crédito a final del ejercicio», especialmente en aquellos en los que su peso relativo es mayor.