Reconozco que me sitúo dentro de ese colectivo de personas que todavía no tiene muy claro cuál es el fondo jurídico, la letra pequeña, que ha suscitado la controvertida reforma de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como la 'Ley solo sí es sí'. Compruebo de que la norma modifica sustancialmente más de diez artículos del Código Penal y recoge, entre otros cambios, una definición de lo que es consentimiento en las agresiones sexuales, elimina el delito de abuso y tipifica la violación como el tipo agravado de la agresión sexual que pasa a castigarse con una pena de cárcel de 6 a 12 años a un nuevo tramo de 4 a 12 años. Y, evidentemente, en esta última parte reside el matiz de la polémica; o sea, en esa reducción de cárcel al aplicarse la legislación con carácter retroactivo y que, como vemos, supone un sustancial beneficio para el reo. 

¿Es una cuestión de interpretación como apuntan algunos? O, por el contrario, ¿es de estricta aplicación como sostienen otros? 

La realidad es la que ya se conoce y que centra la agenda política de estas últimas semanas, evidenciando una vez más las diferencias entre los socios del Gobierno de la nación. 

Resulta escandaloso el goteo incesante de delincuentes sexuales que ven, como por arte de magia, se reducen sus penas y se precipita su puesta en libertad. Estamos hablando ya de más de mil condenas que, a hasta la fecha, se han revisado con diferentes resultados. La definición del llamado 'consentimiento' es la que mantiene encallada una rápida rectificación legal y el principal motivo del aireado desencuentro entre Podemos y PSOE para que este auténtico desaguisado pueda tener una rápida solución. 

Pero la cosa va para largo y, lo que es peor, es demasiado tarde ya para que muchas mujeres víctimas de este vergonzoso y abyecto comportamiento puedan sentir siquiera un poco de consuelo al ver a sus verdugos entre rejas. 

Además de este desamparo e impotencia, las personas damnificadas tienen que soportar un día sí y otro también la verborrea barata y estéril de dirigentes públicos manifiestamente ineficaces y a quienes, en muchos casos, solo les mueve el interés partidista para seguir aferrados a su silla. 

Sin duda, esta forma de proceder en las altas responsabilidad de una estructura empresarial supondría ceses o dimisiones fulminantes en cadena, pero lamentablemente estamos acostumbrados a que en política se permita casi todo para el mayor desapego de la sociedad civil. 

Solo cabe esperar que las urnas, que veros pronto en las mesas electorales, ejerzan ese silencioso y contundente veredicto colectivo, el único medio existente para los ciudadanos podamos censurar o no las actuaciones de determinados miembros de la dirigencia política que, lejos de protagonizar el revulsivo democrático, han enturbiado la decencia y el servicio público.

Ni una sola víctima se merece este espectáculo bochornoso.