Cada inspector de Hacienda debe supervisar de media en Castilla y León un resultado bruto de las sociedades mercantiles de 33 millones frente a los 109 de la autonomía madrileña. En términos de cuota líquida impositiva (recaudación efectiva), la cifra a revisar de las empresas de la Comunidad es de 10,2 millones frente a los 16,7 de las madrileñas. Esto supone que la «presión de la inspección fiscal es el triple en Castilla y León que en la Comunidad de Madrid», según sostiene el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, en una respuesta parlamentaria recogida por Ical.

García-Gallardo explica al Grupo Socialista la denuncia que hizo durante su participación en el desayuno de Nueva Economía Fórum celebrado en Madrid el pasado 9 de mayo, e insiste en que «la consecuencia de estas diferencias entre comunidades es que las sociedades mercantiles en Castilla y León reciben inspecciones fiscales con mayor frecuencia que no está justificada, lo que desincentiva la inversión empresarial en nuestro territorio».

El vicepresidente pone como ejemplo datos de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE), que indican que un 30 por ciento de las empresas locales que han sido inspeccionadas por Hacienda afirman haberse planteado su deslocalización.

El dirigente de Vox resume que las «excesivas» inspecciones fiscales que «sufren» las empresas de Castilla y León suponen un «perjuicio para la creación y permanencia del tejido empresarial». «El hecho en sí de estar sometidas a una inspección supone una carga adicional para las empresas, que, en caso de producirse con demasiada frecuencia, como ocurre en Castilla y León, resulta una carga excesiva y desincentiva la inversión empresarial», asevera.

«Es nuestro deber facilitar el mantenimiento e instalación de proyectos empresariales en Castilla y León. Para ello, debemos limitar los factores negativos y las excesivas inspecciones fiscales son uno de ellos», sentencia. García-Gallardo deja claro que esta situación lleva años produciéndose, a pesar de que la mayoría de las inspecciones fiscales finalizan con la mera presentación de documentación o subsanando algún error o defecto. Únicamente, el 13 por ciento terminan con sanción o recargo.