Las autopistas de peaje AP-6 y AP-61, así como la que lleva a Ávila, la AP-51 seguirán en manos privadas hasta, al menos, 2024.
Así lo hicieron saber este miércoles los portavoces de Ávila Libre de Peajes (ALP), que anunciaron que la semana pasada la Comisión Europea daba por archivadas las dos denuncias contra el Estado presentadas por el partido abulense y da por cerrado el caso, poniendo en manos de los tribunales españoles cualquier denuncia o reclamación que a partir de ahora pudiera surgir al respecto.
En ese mismo documento, remitido por la CE a ALP, Europa vuelve a recordar la fecha de noviembre de este año como la elegida para que el Gobierno de España decida cuándo debe acabar la concesión.
Una concesión que en un primer momento quedó establecida en un periodo de tiempo de entre 32 y 37 años a contar a partir de 1999, pero que quedó reducida en siete años «para compensar la negligencia en la concesión», como explicó Ángel Zancajo, presidente de ALP.
Es decir, la concesión quedó fijada finalmente en un plazo de entre 25 y 30 años a contar desde 1999. «Y ALP ha conseguido que la Comisión Europea haya decidido que esos siete años queden en manos del Estado», recalcó Zancajo.
Así pues, será en noviembre de este año cuando el Gobierno español deba decididir cuándo concluye la concesión en el margen de tiempo ya mencionado de 2024 a 2029. «ALP va a hacer todo lo posible porque sea 2024», apuntó por su parte Julio Huertas, que explicó que, para ello, el partido en el que él milita se va a poner en contacto con los tres diputados por Ávila para que trabajen con ellos en esta misma línea.
Pero, además, noviembre de 2029 será la fecha clave para que el Gobierno decida si esa concesión queda en sus manos, es decir, si será el Estado el que gestione la carretera con lo cual, el peaje sería eliminado, o sale a licitación para que sea una empresa privada la que vuelva a hacerse cargo de la gestión. Algo que, evidentemente, rechaza de plano ALP. «Los siete años en los que el Gobierno puede quedarse con las autopistas y la concesión las autopistas serían gratuitas», recalcó Huerta.
Será en esa fecha también cuando deba resolverse la indemnización que el Estado deberá abonar a la actual empresa concesionaria.
Lo que se temen desde ALP es que, en el nada deseado caso de que las autopistas volvieran a salir a licitación, es muy probable que éstas volvieran a manos de Iberpistas. Con lo cual, se podría dar la «paradoja» de que el Estado no sólo tuviera que indemnizar a esta empresa por la reducción de siete años en la concesión de las autopistas ya acordada («el último dato que tenemos, que es de 2016, habla de beneficios limpios de 65,3 millones de euros, por lo que habrá que pagarle unos 457 millones de euros», apostilló Zancajo), sino que además podría volver a concederle la gestión (y por lo tanto los ingresos que genera).
Y en medio de todo esto, ALP fija su vista también en la situación actual del Gobierno del país, en funciones, y de la posibilidad de que se repitan las elecciones «Porque si hay elecciones todo apunta a que serían en noviembre y no sabemos qué va a pasar», se planteó Zancajo, que alertó sobre el hecho de que un Gobierno en funciones no tendría capacidad de decisión sobre esta materia. «Pero si la fecha dada por la CE no se cumple habrá sanciones», alertó el presidente de la agrupación política.