Que Pedro Sánchez ha venido, contra lo que decían sus programas electorales, para cambiar profundamente estructuras y hasta conceptos es algo de lo que ya no cabe duda a casi nadie. Véase, si no, ese atisbo de inminente reforma del Código Penal, que ha suscitado las sospechas de que lo que se busca en realidad es liberar cuanto antes a Oriol Junqueras -el hombre que manda en este país, aún desde la cárcel- y levantar su inhabilitación para que, en un plazo corto de tiempo, pueda llegar a presidir la Generalitat de Cataluña, haciendo olvidar al por todos indeseado Torra.

Se suscitan alarmas en la Magistratura -todo esto no puede ser más contrario a la doctrina Marchena-, en las más altas instituciones -el desgaste de la figura del Rey es obvio--, en la opinión pública: se perdió del todo la confianza en la palabra de nuestros representantes. Se hace urgente que Sánchez, más allá de entrevistas, confortables o no tanto, en los medios, potencie la vida parlamentaria convocando un debate sobre el estado de la nación, repaso imprescindible al estado de cosas que dejó de celebrarse hace cinco -¡cinco!- años.

El país está al borde de la ruptura de relaciones entre lo que representa a la oposición -varias voces no bien sintonizadas- y el mundo que apoya, inestablemente, a este Gobierno. Y seguramente ambas partes tienen su lado de razón, y de sinrazón, en afirmaciones y críticas a la otra parte. Quiero creer que, con sus movimientos, que afectan incluso al Código Penal y suponen un cierto desafío a las sentencias del Tribunal Supremo, Pedro Sánchez busca 'normalizar' las relaciones con esa Cataluña insumisa, secesionista, si se quiere irredenta; él, usted y yo, todos, sabemos que esa normalización pasa por negociaciones que implicarán hacer cesiones.

Porque también es cierto que la legislación española, que distingue mal entre los delitos de rebelión y sedición, por ejemplo, resulta escasa a la hora de defender al Estado. Me gustaría saber si, durante su etapa negociadora con Puigdemont, Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría hubiesen llegado, si se hubiese dado el caso, a cesiones como las que ensaya Sánchez en sus pactos secretos -porque secretos son, aunque él diga lo contrario-- con Esquerra. Tal vez sí, quién sabe. En las memorias de Rajoy nada de eso se dice. Y la señora Sáenz de Santamaría no ha vuelto, lástima, a decir una palabra en público. No sé si ahora tiene derecho a ese silencio.

Lo que ocurre es que proceder a la reforma de esa Legislación no puede corresponder exclusivamente a la situación de un preso, o de un conjunto de ellos, que pretendieron dar un golpe de Estado; a ese Estado que Sánchez cree poder defender. La otra media España -por lo menos- piensa que no se puede burlar la legislación vigente y que no puede minimizarse un delito como el de la sedición, se fundamente en lo que se fundamente: es "un alzamiento colectivo y violento contra la autoridad, el orden público o la disciplina militar, sin llegar a la gravedad de la rebelión". Las acciones de Puigdemont, Junqueras y compañía en aquel aciago octubre de 2017 de ninguna manera pueden quedar impunes. Otra cosa es que la instrucción y tramitación penal hayan sido las más adecuadas; aunque si los juristas no se ponen de acuerdo en ello, ¿cómo iba uno, desde la humildad de sus conocimientos, a atreverse a dictaminar?

Pero lo malo es eso: que los juristas andan hechos patentemente un lío, tanto sobre la extensión de la prisión provisional, la inhabilitación, los derechos de un preso a ocupar un escaño, los beneficios penitenciarios, el nombramiento de un fiscal general y tantas otras cosas; contradicciones que se resuelven con varapalos que llegan desde la justicia europea. Por eso, una reforma unilateral, no consensuada, del Código Penal y de otros ordenamientos, en estos momentos de tensión entre las cada día más claras dos Españas, contribuiría, un factor más, a partir la nación en dos mitades difícilmente conciliables.

Creo que es al Parlamento, al debate parlamentario en busca de soluciones alternativas y consensos, donde hay que llevar las reformas del futuro. Es en el Legislativo donde reside el arquitrabe de la democracia: ignorar al Parlamento, como se ha venido ignorando hasta ahora, es intolerable. Dividirlo aún más -la cosa va del baile de un escaño- a cuenta de una reforma fundamental, como puede ser la del Código Penal, traería consecuencias de futuro acaso gravísimas. Y mantenerse durante esos mil cuatrocientos días que Sánchez y sus aliados se quieren en el poder exige mucho más consenso de lo que estamos atisbando. Lo cual es también un aviso a la oposición, que habría de mostrarse más constructiva; a Sánchez no se le puede dejar solo, porque son otros, más que él y su propio partido, los que se beneficiarían de la situación.

Y si les beneficia a ellos, seguramente nos perjudica a los demás, a la inmensa mayoría.