La situación de alarma provocada por la expansión del coronavirus ha puesto en evidencia la capacidad del sector agrario y agroalimentario para responder a una demanda disparada de productos con una oferta suficiente en volumen, calidad y precios. Pero, algunas de las medidas adoptadas por la Administración, sí están golpeando a miles de explotaciones ante la caída de la demanda. La peor parte se la llevan algunas de las explotaciones de porcino, los ganaderos de ovino y caprino por el cierre de la restauración y los productores de flores y plantas de viveros por la suspensión de actividades festivas. Desde el sector se han reclamado medias de apoyo al almacenamiento en ganadería y compensación por la no recolección en agricultura. Atocha ha elevado las demandas a Bruselas.
Según los datos manejados por la Administración, en 2018 el gasto total en consumo alimentario se elevó a 68.500 millones de euros en los hogares, a los que se sumaban otros 34.500 millones en el conjunto de la restauración. De ese total, unos 59.000 millones corresponden a gastos de alimentos y otros 41.000 millones a bebidas de todo tipo.
Por el cierre de la restauración, uno de los sectores más afectados ha sido el de la carne de ovino en el segmento de la demanda de lechazos. En España, el consumo de ovino viene experimentando una caída prolongada desde los 2,2 kilos por persona y día de hace una década a solamente los 1,4 kilos de la actualidad. La producción ha caído a unas 118.000 toneladas de las que se exportan unas 40.000. 
Sobre el sacrificio de unos 10 millones de animales, aproximadamente una tercera parte corresponden a los calificados como lechazos, menos de siete kilos canal, aunque en cada territorio los consumidores tienen conceptos distintos. El cierre de la restauración en un período normal y más en estos meses con la suspensión de celebraciones, ha provocado que los precios se hayan venido abajo desde los 11 euros canal a menos de cinco euros kilo.
Desde el Ministerio de Agricultura, con el respaldo de otros países como Grecia, Portugal o Italia, se reclaman medidas como ayudas a la UE para el almacenamiento. Una segunda salida, al menos sobre el papel, es la posibilidad de su engorde en la explotación para su comercialización en otros segmentos de la demanda y, sobre todo, para exportar como animales grandes a los países del norte de África, vía que se ha potenciado en los últimos años. Sin embargo, la medida última no es viable en cuanto se trata de explotaciones no preparadas para ello y, además, en muchos casos son razas autóctonas no son aptas para el engorde.
La misma situación se repite en el mercado del caprino, aunque el volumen de la producción total es de unas 10.000 toneladas.
Desde la interprofesional, para atajar la situación se pondrá en marcha una campaña en las zonas de mayor producción y demanda para alentar el consumo de lechazos en los hogares.
Sobre el papel, las explotaciones de ovino se podrían acoger a los mecanismos de créditos que contemplan esa posibilidad cuando los ingresos se hayan reducido en un 75%. Sin embargo, la mayoría de las explotaciones no podrán acogerse porque además de vender corderos tienen otros ingresos por la venta de leche, que no ha caído la demanda, pero los precios sigan sin levantar cabeza.
Una situación similar se repite en el comercio del cochinillo, segmento que supone una parte de la actividad del sector del porcino y generalmente en manos de pequeñas y medianas explotaciones, muy especialmente en Castilla y León. Sobre un sacrificio de unos 51 millones de animales para producir 4,5 millones de toneladas de las que se exporta más de la mitad fundamentalmente a China, Francia, Italia o Portugal, el segmento del cochinillo se estima en más de 1,5 millones de animales cuya cría se enfoca técnicamente solo para esa demanda. En este caso, el hundimiento del precio ha sido total por lo que la salida pasaría a su almacenamiento. La Administración lo ha planteado a las autoridades comunitarias. Se trata de un problema que afecta fundamentalmente a España.
En vacuno, el cierre de la restauración ha afectado en menor medida, salvo casos concretos de suministros de hamburguesas no veganas, oferta en la que ya se halla una gran parte de las principales industrias de la carne. En los hogares, el consumo de carne de vacuno es el normal y, en la restauración, según los datos de la interprofesional, hay un dominio de carnes de importación, salvo en carnes selectas. 
sin salida. Fuera del sector ganadero, la crisis del coronavirus no está afectando en líneas generales al conjunto de la actividad agrícola, salvo en el caso de los viveristas productores de flores y de plantas ornamentales que suponen ventas por unos 1.000 millones operando sobre una superficie de unas 4.500 hectáreas ante la caducidad de la oferta. Estas fechas de inicio de la primavera con acontecimientos como las procesiones de Semana Santa, festividades como Día del Padre y de la Madre, comuniones, etcétera, son un importante período para las ventas. Ante el parón de la demanda, las flores no tienen salida en los mercados y su destino es la destrucción. Desde la Federación de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas se ha planteado al Gobierno la necesidad de que Bruselas adopte medidas de apoyo como la concesión de ayudas por superficies no recolectadas como ya sucediera en su día con la crisis del e.coli en el pepino.
La situación provocada por el coronavirus en la Unión Europea y la necesidad de ajustar los presupuestos con mayores fondos para impulsar los procesos de recuperación de la actividad económica, se teme pueda afectar igualmente a los fondos destinados a la Política Agrícola Común sobre los que en los meses precedentes se contemplaba la posibilidad de recortes para destinarlos a otras actuaciones como el empleo, la innovación, la inmigración o la política de fronteras.
Al margen de los efectos negativos derivados de la crisis, aplazadas las mesas de negociación con las organizaciones agrarias sobre seguros agrarios, costes de producción, empleo, fiscalidad, financiación, costes laborales, Agricultura ha procedido a la tramitación el real de decreto medidas urgentes donde se contempla la modificación de la Ley de la Cadena, donde, al menos sobre el papel, se contempla la exigencia de contratos donde los precios sean, como mínimo, iguales a los costes producción, aplazamiento a cuatro años para pagar los impuestos derivados de los fondos percibidos por un agricultor joven en su incorporación a la actividad agraria, ayudas para los avales en el acceso a los créditos o bonificaciones de la cuota empresarial para pasar trabajadores eventuales en fijos o fijos discontinuos.