Una de las decisiones más importantes de la actividad agrícola y, en muchos casos no la más costosa frente a otros inputs como abonos o maquinaria, es la elección de las semillas en el caso de las producciones de herbáceos y de los plantones, si se trata de cultivos leñosos. De la elección de un plantón en viñedos o frutales puede depender la rentabilidad y viabilidad de una explotación a medio o largo plazo en función de si la variedad elegida responde o no en producción y calidad a las exigencias de los mercados. En el caso de los cultivos herbáceos, básicamente reducido casi a los cereales, una buena o mala elección de la semilla tiene la ventaja de que si la misma es negativa es posible su cambio para la temporada siguiente sin coste alguno.
Con las lluvias, por fin, facilitando las tareas de sementera, una buena parte del sector agrario debe elegir el tipo de grano que va a marcar el desarrollo de su explotación en la nueva campaña en función de las condiciones y características climatológicas del suelo en cada territorio mirando su productividad, su valor en los mercados y, cada día más, considerando los mayores riesgos, sobre todo por la sequía que supone eso del cambio climático. De la elección de la simiente, sin dejar a un lado otras condiciones que puedan afectar a la misma, pueden depender los ingresos. Nadie pone en duda en el sector agrario que se han producido importantes avances en oferta de semillas de calidad certificadas. Sin embargo, el debate actual se centra en el precio, en muchos casos considerado caro por el productor, mientras desde los obtentores se estima es el gasto más bajo en medios de producción que tiene un agricultor en función de los resultados que ofrece. Desde la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales (Anove), se estima que el coste medio en lograr una nueva variedad se sitúa entre uno y 1,5 millones de euros con investigaciones que se pueden alargar hasta los 10 años.
Según los datos oficiales, de acuerdo con la superficie de cultivo de entre 5,5 y seis millones de hectáreas de herbáceos, el volumen de semilla utilizada se sitúa en casi un millón de toneladas en base a unas necesidades medias de unos 180 kilos por hectárea. De ese volumen de uso, en los últimos años se ha producido una importante evolución de la demanda de semilla certificada que ha pasado en menos de una década de menos de 197.000 a unas 340.000 toneladas que se esperan para la campaña de 2018-2019.
Por las cifras manejadas en Anove, la siembra legal de semilla certificada supone a escala estatal el 34% frente al 10% que significaba en la campaña 2010/2011 en una clara línea de ascenso y que se distribuye en un 43% de la cebada, un 32% en trigo bando y solo un 12% en el trigo duro. Hoy ya se habla de un 36%. En un segundo escalón se halla la semilla de reempleo o la que acondiciona legalmente un agricultor pagando los correspondientes derechos de royalties si esta no se halla en el mercado libre y que supone un 32%. Finalmente, existe otro 34% de grano no controlado, donde entrarían las semillas ilegales o las que utiliza un agricultor con variedades libres. El uso en cada territorio es diferente. Y por citar dos regiones de importante cultivo de cereal, en Castilla y León el uso de semilla certificada supone solo un 20% frente al 45% de la acondicionada legalmente y un 35% de semilla no controlada. En Castilla-La Mancha el porcentaje de certificada es del 31%, el 30% de semilla de reempleo y un 39% de siembra no controlada.
Con carácter general, los agricultores están de acuerdo sobre las ventajas de la certificada por sus rendimientos y adaptación a nuevas exigencias derivadas del cambio climático, especialmente por las sequías. Sin embargo el debate en los últimos tiempos se ha centrado en los precios y el pago de royalties por la reutilización de las mismas.
Desde la organización de obtentores, no hay ninguna duda sobre la rentabilidad de una semilla certificada considerando el gasto en medios de producción de una explotación y se estima es la inversión más barata que hace el agricultor si se miran sus resultados. Según los datos manejados por Anove, los gastos en la compra de este tipo de simiente en los cereales más importantes, trigos y cebada, suponen 103,5 millones de euros -45,8 en cebada, 36,4 en trigo blando y 21,3 en trigo duro- frente a un valor de la producción cerealista medio de unos 4.000 millones de euros. Los obtentores hablan de un precio medio de la semilla certificada al agricultor de 350 euros tonelada en cebada y trigo duro y de 360 euros para el blando.
Al margen de las opiniones sobre si es barata o cara, el principal debate en el sector en los último tiempos se centró en el acuerdo suscrito entre las organizaciones agrarias Asaja, Upa, Cooperativas y Geslive, para el pago de los royalties por el reempleo o el acondicionamiento de las semillas, dado que los derechos de los obtentores sobre su variedad son de 25 años hasta que la misma queda libre en el mercado. Coag y Unión de Uniones no firmaron el acuerdo.
Desde Anove se ha defendido siempre que se trata de un derecho por el que en España las empresas perciben unos ingresos muy bajos: menos de cinco millones frente a los 50 que ingresan las empresas francesas con unos volúmenes similares de ventas. Ante esta situación, las organizaciones firmantes del acuerdo en 2017 entendieron que era mejor marcar unas pautas por considerar que era una exigencia legal y, en segundo lugar, para fijar unas condiciones generales más equilibradas. En esa línea está la exención de pago a los pequeños como ya se contemplaba en la normativa comunitaria pero, además, se fijaron otras condiciones generales como el abono de 12 euros/tonelada que es el equivalente a entre uno y tres euros por hectárea, según superficie y rendimientos. Se trata de un volumen que para los firmantes no es alto si se tienen en cuenta los gastos de explotación de una hectárea y la necesidad de fondos para la investigación y que los no firmantes consideraron como una concesión a las empresas. Del volumen recaudado, un 50% será para los obtentores como beneficio de sus patentes y un 30% para investigación. Otra parte va para labores de divulgación de las organizaciones firmantes.