El independentismo catalán se mueve como pez en el agua cuando se trata de provocar conflictos que parten de la consideración de que sus instituciones tienen prevalencia sobre todas las demás, la justicia incluida. Que el Parlament de Cataluña mantenga el pleno sobre política general el mismo día en que el presidente de la Genralitat, Quim Torra, tiene que declarar ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por su desobediencia a la Junta Electoral Central por su reticencia y tardanza en retirar los lazos amarillos y la alusiones a los presos independentistas de los balcones de las instituciones catalanas, es un nuevo desafío al Estado.
Como en todos los conflictos podría afirmarse que cada parte tiene sus razones, que los jueces fijaron la fecha de inicio del juicio cuando la agenda del presidente catalán estaba vacía y que por tanto la Mesa del Parlament pudo fijar la fecha del pleno para otro día aunque a sí da munición a Quim Torra que ya había apuntado que no iría a declarar porque considera que la libertad de expresión y defensa de los presos y exiliados del ‘procés’ está por encima de las leyes de las que se vale el Estado opresor para impedir la independencia de Cataluña.
Una vez más los representantes independentistas han ido al choque enfrentando al legislativo catalán con el Poder Judicial, porque el TSJ de Cataluña no es un árbol autónomo, sino una rama que sale del tronco común en el que se organiza la justicia en nuestro país, de tal forma que el desafío no es un conflicto entre instituciones catalanas sino entre un parlamento autonómico y un poder del Estado. Como en todas las ocasiones cuando se ha tratado de violentar la legalidad con apelaciones a interpretaciones interesadas del ejercicio de los derechos democráticos quien ha salido triunfante es quien está respaldado por leyes que son realmente democráticas que han pasado todos los filtros políticos y jurídicos. Si Torra no se presenta al juicio sumará el desacato a su desobediencia confesa, porque durante días hizo ostentación de su actitud de rebeldía.
Con su decisión de mantener el pleno los días del juicio a Torra, se hace evidente que los independentistas pretenden una nueva instrumentalización de las instituciones, en este caso del Parlament por la mayoría independentista, del mismo modo que se han adueñado de la celebración de la Diada y de su acto institucional al que los partidos constitucionalistas han anunciado que no acudirán precisamente porque ha dejado de ser la fiesta nacional –así lo recoge el Estatut- de todos los catalanes, para convertirse en una nueva manifestación partidista por el leit motiv escogido para la celebración, con referencias directas a los presos y fugados de la justicia tras el intento de secesión. Con un acendrado cinismo, los portavoces del Govern afirman que no excluyen a nadie sino que se autoexcluyen quienes no sienten los lemas escogidos. Un curioso modo de buscar la “acumulación de fuerzas” para hacer viable un nuevo intento de lograr la independencia, como dice Oriol Junqueras.
La Diada de hoy, sobre todo la manifestación de por la tarde, convocada por la ANC, pretende ser un ensayo general de la respuesta que se prevé cuando se haga pública la sentencia del ‘procés’ en el caso de que no sea absolutoria, que previsiblemente no lo será.