Seis meses después de que se decretara el estado de alarma, cuando la pandemia de la COVID-19 había comenzado a dar muestras de su gravedad y había desvelado que el Rey se encontraba desnudo, que la sanidad española carecía de elementos básicos en aquellos momentos para afrontarla con seguridad, se han repetido errores anunciados. Aun reconociendo que todavía quedan muchas variables por conocer sobre la actuación del virus y su propagación, a lo largo de los meses de confinamiento y en los sucesivos, el Gobierno central y los autonómicos pactaron la cogobernanza y las medidas a adoptar para prevenir la segunda ola que ya está aquí, aunque se preveía para más adelante.
Aquellos gobiernos regionales que más insistieron en que se desmantelara el mando único, los que reclamaron con más insistencia la devolución de las competencias en materia sanitaria y los que con mayor fiereza criticaron la actuación del Ejecutivo y aceleraron los pasos para llegar a la nueva normalidad, han sido los que más han sufrido las consecuencias de los rebrotes. Ocurrió en el País Vasco, que ha conseguido ya recuperar aliento; ocurrió en Cataluña que tuvo que realizar también confinamientos selectivos, y ha ocurrido en Madrid, donde se han producido en tercio de los contagios de la nueva ola.
Presentada por el PP como un modelo de gestión, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho una cosa y la contraria según la responsabilidad de las actuaciones estuvieran más localizadas en el Gobierno o en su acción política. Tras convertirse en el ariete del PP contra las políticas realizadas durante el confinamiento, y exigir una rápida vuelta a la normalidad con la excusa de la limitación de las libertades, no ha dudado en limitar las actividades comerciales y aforos cuando la pandemia ha vuelto a tomar una velocidad desorbitada.
Sin duda, la presión que soporta la Comunidad de Madrid por la extensión del coronavirus es debida a la falta de cumplimiento de los compromisos adquiridos para la vigilancia de la pandemia, la contratación de un número suficiente de rastreadores, -un episodio inconcluso que ha dado lugar a la menor ratio de ellos por cada cien mil habitantes de todo el país- y al reforzamiento de los servicios de atención primaria con la contratación de nuevos profesionales sanitarios, que tampoco se ha producido en la medida de las necesidades, de tal forma que el instrumento básico para frenar la expansión de la epidemia no ha funcionado, además de recurrir a culpar a las costumbres de los ciudadanos -singularmente de los emigrantes- del aumento de los contagios.
El gobierno autonómico ha incurrido, además, en otra de las críticas que con más frecuencia realizó al Gobierno de Pedro Sánchez, la falta de coordinación. El anuncio del viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, de que se podría llegar a confinamientos selectivos de determinados barrios de la capital en los que el número de contagios es más elevado causó sorpresa hasta en los propios miembros del Gobierno madrileño que desconocían una propuesta que, de materializarse, demostraría la debilidad de su gestión. Díaz Ayuso afirma que el Gobierno ha practicado “el ensañamiento” con Madrid. pero más bien ha acumulado tantos despropósitos en su gestión que ha convertido a su región en el epicentro de la pandemia.