CRÓNICA POLÍTICA

Isaías Lafuente

Escritor y periodista. Analista político


El segundo alzamiento

El Tribunal Supremo ha dado luz verde a la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos y a su traslado al cementerio de El Pardo. La deliberación fue rápida, apenas duró una hora la reunión, y la decisión se adoptó por unanimidad. Dos buenas noticias que hablan de la solidez de los argumentos en favor de la exhumación frente a los esgrimidos por la familia Franco para que los restos no se toquen y todo permanezca atado y bien atado. Suponemos que los Franco no renunciarán a seguir enredando, como quizás lo haga el prior del Valle de los Caídos, pero su camino es cada vez más angosto. 
Puede darse la paradoja de que sea un gobierno democrático en funciones el que, 44 años después, corrija una decisión errónea de un rey predemocrático en funciones que no supo ver el contradiós de que la democracia que pretendía alumbrar tuviese enterrado con todos los honores al dictador que acabó con ella. Desde la derecha, PP, Ciudadanos y Vox han calificado de electoralismo de izquierdas el intento del gobierno de Pedro Sánchez ahora avalado por el Tribunal Supremo. Olvidan, quizás por motivos electorales o porque piensen que somos imbéciles, que la exhumación ya fue pedida en mayo de 2017 por el Congreso de los Diputados, sin que ningún partido votase en contra. En una proposición no de ley que el gobierno del PP decidió ignorar. Si Rajoy se hubiese puesto a ello, este asunto estaría zanjado hace dos años. Y muchos más si alguno de sus cinco predecesores, desde Suárez a Zapatero, hubiesen dado el paso en sus mandatos. 
Parafraseando al propio Franco podríamos decir que, cautiva y desarmada su familia, la democracia ha conseguido sus objetivos civiles. Y que esta particular guerra ha terminado. Pero quedan otras. Habrá que resignificar aquel monumento, una vez deje de ser la tumba del dictador, para convertirlo en un lugar de memoria sobre la dictadura y sus víctimas. Y a la exhumación del general golpista habrá de seguir la de las decenas de miles de conciudadanos que aún siguen enterrados en las cunetas. Y quitados los honores al general, habrá que retirar los títulos de nobleza que Franco concedió a sus compañeros de armas y de los aún disfrutan sus herederos. Y no son estos asuntos del pasado, como también sostienen los olvidadizos. Porque el dictador, los títulos nobiliarios de sus cómplices y sus víctimas enterradas en indignas fosas aún sin abrir siguen ahí, como una negra mancha insoportable para una democracia.