No hay español que no comprenda que vivimos un estado de emergencia que obliga a acatar medidas que van más allá de lo que acataríamos si no sufriéramos una pandemia de consecuencias inimaginables. Entre otras iniciativas que jamás aceptaría nadie en tiempos de paz se encuentra la decisión que toman algunos facultativos de salvar a quienes pueden ser salvados, mientras se inclinan por facilitar una muerte digna, rápida y sin sufrimiento a quienes ninguna posibilidad de salvación. Luchar por prolongar una vida dos o tres días puede cerrar la posibilidad de ocupar una uci a quien tiene posibilidad de sobrevivir. Solo pensarlo congela el alma.

Hay otras situaciones menos sangrantes, menos dolorosas, que nos están imponiendo a golpe de corneta; y ya no cabe que nos hagan parecer como inevitable lo que no lo es. No es inevitable el tan mencionado cierre del Parlamento, por mucho que Maritxel Batet alegue que no lo permite el reglamento; en casos excepcionales, se puede reinterpretar el reglamento. También decía el gobierno que las ruedas de prensa debían ser con la fórmula impuesta por el equipo de Sánchez, pero un plante les ha hecho encontrar una alternativa.

El debate entre privacidad y seguridad se remonta a los anales de la historia, y este gobierno ha decidido imponer la seguridad sin tener al menos la decencia de consultar a expertos para buscar fórmulas menos invasoras. Y mucho menos consulta a la oposición, a la que Sánchez falta sistemáticamente al respeto desde el mismo día que tomó posesión de su cargo.

Quiere monitorizar a los españoles para saber en cada momento dónde se encuentran y comprobar si cumplen el confinamiento. La seguridad se antepone a la privacidad. ¿Puede hacerlo el gobierno de Sánchez, que ha sido ejemplo del escaso rigor de sus miembros para cumplir la cuarentena, empezando por el presidente y uno de sus vicepresidentes? ¿Es legal? ¿No hay método más efectivo y menos doloso? ¿Puede un gobierno que no quiso hacer caso de las múltiples recomendaciones que le llegaron de las autoridades médicas internacionales y de la propia Comisión Europea para que tomara medidas ante el corona virus, cercenar la privacidad de los ciudadanos porque no quiso hacer los deberes? ¿Un gobierno que no compró material sanitario, que no cerró fronteras ni prohibió actos masivos cuando se lo aconsejaron?

¿Puede este gobierno hacer lo que le da la real gana, sea o no legal, sea o no conveniente, sea o no eficaz para luchar contra la pandemia? Son muchos los países europeos no tan dañados por el corona virus como España; países que tomaron decisiones acertadas, y a tiempo, para impedir la invasión. Aquí, además de sufrir un gobierno irresponsable que nos ha llevado a esta situación, encima pretende que los ciudadanos paguen más allá del sufrimiento por los miles de muertes: ha exigido confinamiento y cierre indiscriminado y generalizado de empresas, lo que provocará millones de parados. Ahora pretende el control absoluto de nuestros pasos.