La historia de la interminable campaña electoral que padecemos tiene pocos episodios sobre el empleo y su correlato, el paro. Parece que este no fuera “el problema”, en sus diversas dimensiones relacionadas con la cantidad, calidad y precio. Pero bueno, entre testarazo por Cataluña y sartenazo porque sí, pues algo se habla. Pero vamos, “crearé tantos mil”, mágicamente “subiré el salario mínimo”, taumatúrgicamente, y eso. Pero nada sobre el mercado, el mercado del trabajo.

Mientras, la autoridad Fiscal Independiente. Cuando este organismo emite sus informes normalmente se hacen oídos sordos y los que los leen, más parece que estuvieran leyendo un diario deportivo que una receta médica, dada la opcional discrecionalidad con la que suelen abordarse sus trabajos. Pues bien, sin que se le haga tampoco maldito caso, acaba de emitir un informe para examinar el funcionamiento de los servicios públicos de empleo, si son o no eficientes, si consiguen o no casar la oferta con la demanda, si, en definitiva, valen lo que cuestan. Voy a poner aquí (textualmente) alguna de sus conclusiones: “Fusionar en una ventanilla única estas políticas, el control de la prestación y las ayudas sociales; autonomía e incentivos para los funcionarios; un reparto de fondos según resultados; la estandarización de datos para evaluarlos y extender las prácticas más eficaces; establecer métodos de clasificación de parados e itinerarios para formarlos, y obligar a las empresas a comunicar sus vacantes”.

Y luego el rollo de las cifras: según la EPA, aquí tenemos 125.000 parados pero hay más de 140.000 apuntados, porque el registro tiene un valor extra y hay quien puede estar apuntado y trabajando. Pero lo fundamental, España necesita empleadores más eficientes y menos dispersos. Eso lo sospechábamos, pero ahora es categórico. O al menos debería serlo. Pero en fin, me temo que de nuevo, a beneficio de inventario.