Jesús Quijano

UN MINUTO MIO

Jesús Quijano

Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Valladolid


Momentos complicados

17/05/2021

La terminación del estado el pasado 9 de mayo ha dado paso a una situación ciertamente confusa. Es cierto que el tiempo en que estuvo vigente ha sido largo: se declaró por un Real Decreto de 25 de octubre, para 15 días, pero, antes de que terminara el 9 de noviembre, un nuevo Real Decreto de 3 de noviembre lo prorrogó hasta este 9 de mayo, con el fin de evitar sucesivas prórrogas. Se concibió así, por un periodo largo, de 6 meses, que abarcara las Navidades y la Semana Santa, pensando que en ese tiempo la pandemia estaría suficientemente controlada y que el proceso de vacunación habría avanzado también suficientemente. Se trataba de un estado de alarma más flexible que aquel primero que duró de marzo a junio, con seis prórrogas; ahora no se contemplaba confinamiento estricto, pero sí cierres perimetrales, toques de queda, restricciones en establecimientos públicos, etc., todo ese elenco de medidas con las que estamos tan familiarizados.

Todo eso es cierto, que ha sido largo e incómodo, y que el tiempo para el que fue previsto ha transcurrido, por lo que, siendo una medida de vigencia temporal, llegado el plazo ha caducado, ya que no ha sido prorrogada. Pero no es menos cierto que la crisis sanitaria sigue ahí; con oleadas diversas, hasta cuatro ya, con incidencia acumulada desigual, con fallecimientos, con ocupación hospitalaria todavía importante, con el proceso de vacunación en marcha, pero aún insuficiente.

Así que, llegados a este punto, se abrió la caja de los truenos, plena de contradicción política. Hubo quien protestó porque los estados de alarma se prorrogaran tanto y ahora protesta porque no se prorrogue; hubo quien alegó que una pandemia nacional debía ser combatida con medidas de alcance nacional y ahora alega que es cada Comunidad Autónoma la que debe decidir por sí misma, sin un marco común, aunque sea flexible y adaptable, que proporcione a sus medidas una seguridad jurídica que tendrá que buscar en los tribunales.

Pues habrá que preguntarse si no sería posible una solución intermedia, que combine algo de homogeneidad y algo de diversidad. Y algo de consenso, claro.