La sentencia de la Audiencia de Sevilla avala lo que asumía gran arte de la opinión pública: el llamado caso de los ERE andaluces era el de mayor corrupción de un partido político. La última palabra la tendrá el Supremo, pero la investigación periodística que destapó el escándalo, más los nueve años de investigación judicial han sido determinantes para los miembros del tribunal: centenares de millones de euros de dinero público fueron destinados fraudulentamente a empresas cercanas al Psoe andaluz y a militantes o familiares y amigos de militantes, gran parte de ellos como trabajadores de empresas en crisis en las que jamás habían trabajado.

El Psoe se ha puesto de perfil y sus actuales dirigentes advierten que ninguno de ellos, con Pedro Sánchez a la cabeza, tenía cargos de responsabilidad en el Psoe cuando sucedieron los hechos. Tienen razón. Pero habría que recordarles que Mariano Rajoy perdió el gobierno por una moción de censura que presentó Pedro Sánchez ante una sentencia condenatoria a su partido por financiación ilegal, sin que se aportaran pruebas de que Rajoy conociera la ilegalidad de esa financiación, hasta el punto de que un miembro del tribunal presentó un voto particular por considerar que no se había acreditado que Rajoy aprobara esa financiación ilegal.

Dicho esto, aun dando por seguro que Sánchez no conocía aquella trama delictiva – no era nadie en el Psoe cuando se organizó- se echa de menos alguna palabra de condena del secretario general hacia el modus operandi de su partido en tiempos pasados. Porque por mucho que le duela, ese partido que exige limpieza total a todo partido y a sus representantes, está obligado a asumir que su trayectoria no es intachable y que no es el caso de los ERE el único escándalo de su historia. Aunque sí el más sangrante, porque afecta a la que ha sido su cúpula en Andalucía durante décadas … y a dos ex presidentes nacionales del partido. Que pidieron la baja de militancia y renunciaron a los escaños de senador y diputado cuando se les pidió porque de ello dependía que Susana Díaz pudiera formar gobierno con el apoyo de Ciudadanos. Hay que reconocer su lealtad a su partido, aunque hayan sido condenados por actividades delictivas.

A nadie gusta la condena de un partido por utilizar dinero público a conveniencia cuando estaba destinado a paliar la situación de miles de trabajadores sin empleo. Una inmoralidad se mire como se mire. Pero al menos cabe el consuelo de que la lentísima justicia española, acaba llegando. Sánchez actúa como si no se hubiera producido sentencia, impasible, para evitar cualquier tipo de compromiso. Pero que no se equivoque: aunque no era nadie en el Psoe cuando se produjeron las fechorías, esta sentencia le pasará factura. Porque lidera un partido que, mal que le pese, queda etiquetado como corrupto. A no ser que asuma lo tesis de Rajoy: que dirigentes corruptos no hacen corrupto a un partido.